La diputada bonaerense del PRO, Laura Ricchini, presentó un proyecto de ley para eliminar el límite de 50 años que hoy rige para ingresar a la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la Ley 10.430, que regula el estatuto y escalafón del personal estatal. De aprobarse, se mantendría la edad mínima de 18 años para postularse, pero desaparecería el tope máximo.
Actualmente, la normativa establece como regla general una edad de ingreso de entre 18 y 50 años, con algunas excepciones para quienes acrediten servicios anteriores computables para la jubilación, que pueden superar ese máximo sin exceder los 60 años.
El fundamento central del proyecto es la igualdad ante la ley. Ricchini sostiene que el requisito vigente no se condice con los textos constitucionales nacional y provincial.
En los fundamentos citó el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
“¿Con qué argumento razonable puede determinarse que una persona, pasados los 50 años, no es idónea para ingresar a la Administración Pública? Estimamos que ninguno”, planteó la legisladora.
Y agregó: “El requisito de ingreso debe ser la idoneidad de la persona que busca un empleo, no su edad. Eliminar del proceso de selección a alguien por haber pasado los 50 años es arbitrario, irrazonable y se encuentra en oposición con los derechos y garantías amparadas por las normas constitucionales”.
También recuperó un apartado de la Constitución bonaerense que establece la igualdad ante la ley y rechaza las distinciones y discriminaciones arbitrarias.
El antecedente de la Corte
Para respaldar la iniciativa, Ricchini mencionó un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que volvió a declarar inconstitucional el límite de edad para acceder a cargos docentes titulares en la provincia.
El máximo tribunal resolvió en el caso de una docente de 54 años a la que se le había impedido inscribirse en los listados oficiales para acceder a cargos titulares por superar la edad máxima prevista en el Estatuto Docente.
En ese fallo, la Corte recordó que ya se había pronunciado en el mismo sentido en numerosas oportunidades desde 2002, y exhortó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura a debatir la revisión o derogación de esa norma por contener una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato que garantiza la Constitución.
Qué falta para que cambie
Por ahora, la iniciativa es solo un proyecto legislativo. Su presentación no modifica los requisitos actuales ni habilita automáticamente nuevos ingresos al Estado provincial.
Tras su ingreso formal por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, deberá ser girada a las comisiones internas para iniciar su debate legislativo.
De avanzar, la discusión abrirá un nuevo capítulo sobre las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, el reconocimiento de su experiencia y el fin de una barrera etaria que la Justicia ya cuestionó en reiteradas oportunidades.