Macha advirtió que la reforma de Salud Mental profundiza el retroceso de derechos

La media sanción que obtuvo en el Senado nacional la reforma de la Ley de Salud Mental abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia el Gobierno de Javier Milei. La senadora bonaerense de Fuerza Patria Mónica Macha rechazó las modificaciones propuestas, a las que calificó como regresivas, y advirtió que discutir nuevas modalidades de atención sin garantizar recursos presupuestarios implica profundizar las dificultades de acceso a la salud.

A través de sus redes sociales, la legisladora vinculó el debate parlamentario con las consecuencias de las políticas económicas y sanitarias del Ejecutivo nacional, al señalar que el endeudamiento de las familias, el pluriempleo, la precarización de las condiciones de vida y el debilitamiento del sistema público constituyen factores que inciden directamente sobre el bienestar emocional de la población.

Para Macha, la salud mental no puede abordarse exclusivamente desde las intervenciones clínicas o las internaciones, sin considerar las condiciones materiales y sociales que atraviesan las personas. En ese sentido, cuestionó que la reforma avance mientras persisten reclamos por financiamiento, recursos humanos y fortalecimiento de los dispositivos de atención.

Reclamos por financiamiento y políticas públicas

Entre sus principales demandas, la legisladora reclamó la restitución del programa REMEDIAR y de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM), junto con la reincorporación del personal despedido del Hospital Nacional Laura Bonaparte, una institución de referencia en la atención de padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.

También exigió el cumplimiento de la asignación del 10% del presupuesto sanitario al área de salud mental y planteó la necesidad de avanzar en regulaciones sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, las plataformas de apuestas y determinados servicios digitales.

Los cuestionamientos aparecen en un escenario en el que la reforma aprobada por la Cámara alta propone modificar criterios de atención, internación y seguimiento de personas con padecimientos mentales y adicciones, con especial atención a los procedimientos de internación involuntaria.

Para los sectores críticos, el riesgo consiste en que las modificaciones debiliten el enfoque interdisciplinario y comunitario que caracteriza a la legislación vigente, sancionada en 2010, sin resolver los problemas estructurales de financiamiento y acceso al sistema de salud.

“Sin financiamiento y con un gobierno cínico no hay salud mental”, concluyó Macha, al cuestionar las prioridades de la administración nacional.