La Libertad Avanza llevó al Senado bonaerense una propuesta para abaratar la operatoria en los puertos. La autora es Cecilia Martínez, legisladora por la Quinta Sección, que busca que el beneficio empiece a regir en 2027, justo cuando se debatirá la Ley Fiscal Impositiva.
El texto crea un Régimen de Promoción y Competitividad Portuaria Bonaerense. La idea de fondo es que los puertos de la Provincia sean más baratos para operar, atraigan más carga y mejoren su capacidad exportadora.
El alcance cubriría a los ocho consorcios de gestión que funcionan en territorio bonaerense.
Dos alivios fiscales para el sector
El proyecto combina dos medidas:
Primero, un descuento del 50% en Ingresos Brutos para las empresas que trabajan en torno a los puertos. Abarca a quienes se dedican a mover carga, guardarla, gestionarla en Aduana, coordinar la logística, operar agencias marítimas y navegar. El descuento solo se aplicaría sobre lo facturado por tareas realizadas dentro de puertos bonaerenses o ligadas en forma directa a su funcionamiento.
Segundo, la suspensión por doce meses del recargo que hoy se cobra según la cantidad de mercadería que se carga o se descarga. Se trata de un pago adicional que, según la norma vigente, se suma a la alícuota común del impuesto.
El argumento: los impuestos encarecen y frenan
Para Martínez, el esquema actual juega en contra. En los fundamentos sostuvo: “Una mayor carga impositiva sobre las actividades logísticas y portuarias pueden incrementar los costos de producción, reducir los márgenes de competitividad y condicionar las decisiones de inversión”.
En ese sentido, la legisladora planteó que hay que revisar los tributos que hoy actúan como un freno para una actividad estratégica:
“Que puedan constituir un obstáculo para la expansión de la actividad, especialmente cuando se aplican sobre sectores estratégicos para el desarrollo económico provincial”.
En esa misma línea, cuestionó el recargo por tonelada. A su criterio, es un costo que se aplica por mover mercadería, sin tener en cuenta si la empresa realmente ganó plata con esa operación. En el proyecto lo definió así:
“Introduce un costo específico sobre la operatoria portuaria que no necesariamente guarda relación directa con la rentabilidad de quienes desarrollan las actividades alcanzadas”.
Hoy ese recargo es de $700 mensuales por cada tonelada que se sube a un buque y de $340 por cada tonelada que se baja. Con el proyecto, durante 2027 no se cobraría.
Qué falta para que se aplique
Si la ley se aprueba, será el Poder Ejecutivo bonaerense el que defina qué organismo se encargará de ponerla en marcha.
Esa autoridad deberá armar el procedimiento para acceder al beneficio. Según el texto, el trámite tiene que ser “mediante mecanismos simples, digitales y automáticos”, sin burocracia extra para las empresas que quieran adherir.