Ley de apps en Buenos Aires: sindicatos, trabajadores y empresas respaldaron el proyecto para regular a Rappi, Uber y PedidosYa

El Ministerio de Trabajo bonaerense participó de la reunión informativa que se realizó este jueves en la Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, presidida por la senadora María Rosa Martínez, para abordar el proyecto de ley de creación del Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial a instancias de la cartera laboral.

En representación del Ministerio asistieron las asesoras Lilia Alonso y Cecilia Soiza. Alonso expuso los principales fundamentos y alcances de la iniciativa, que propone desarrollar herramientas de protección para quienes trabajan mediante plataformas digitales, atendiendo a las particularidades de estas nuevas formas de organización del trabajo.

La reunión contó con una amplia participación de organizaciones sindicales, agrupaciones de trabajadores, representantes del sector empresarial y senadoras y senadores que participaron tanto de manera presencial como virtual.

Durante el encuentro, los distintos sectores presentes expresaron su acompañamiento a la iniciativa y destacaron la importancia de avanzar en políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y ampliar la protección de quienes desarrollan sus actividades mediante plataformas digitales.

Desde el Ministerio se destacó la importancia de construir respuestas institucionales frente a las transformaciones tecnológicas y las nuevas modalidades de organización del trabajo, promoviendo el diálogo con las organizaciones sindicales, los trabajadores, las empresas y el Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión manifestó la intención de continuar trabajando sobre la iniciativa para avanzar en su tratamiento en una próxima reunión de la comisión a la brevedad.

Qué propone el proyecto

La iniciativa, que comenzará a ser analizada en las comisiones de Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación General, no busca definir si los repartidores y choferes son empleados en relación de dependencia o independientes. Lo que propone es establecer un piso mínimo de derechos, protección, seguridad y fiscalización estatal.

El proyecto contempla:

Registro obligatorio: Se crea el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, donde empresas como Uber, DiDi, Cabify, Rappi y PedidosYa deberán inscribirse de forma obligatoria e informar cantidad de trabajadores, situación contractual, horas trabajadas e ingresos promedio.

Seguro de accidentes a cargo de las apps: Las compañías deberán contratar de forma exclusiva una cobertura contra accidentes personales para los repartidores y choferes, que cubrirá fallecimiento, invalidez total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia, desde la conexión hasta la desconexión, incluyendo los trayectos hacia y desde el lugar de trabajo. Para esto, Provincia Seguros lanzará una póliza específica para el sector.

App oficial con botón de pánico: Se prevé el desarrollo de una aplicación móvil oficial integrada con MiPBA y que podrá vincularse con Cuenta DNI, que incluirá botón de pánico y botón de emergencia en salud, asesoramiento sobre derechos y acceso a beneficios como descuentos en bicicletas, motos, cascos y repuestos.

Control a las “tiendas invisibles”: Los establecimientos que operan a puertas cerradas y despachan pedidos deberán garantizar condiciones mínimas de higiene, sanitarios, agua potable y espacios de descanso para los trabajadores internos y para los repartidores que esperan pedidos.

Como complemento económico, el proyecto prevé una articulación con el Banco Provincia para ofrecer microcréditos al sector.

El respaldo del fallo Rappi y de la OIT

Según explicó Alonso, el proyecto cuenta con un fuerte sustento jurídico basado en el “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Ese dictamen reafirmó la potestad del Ministerio de Trabajo para inspeccionar, fiscalizar a las plataformas digitales y validar las actas de infracción. Además, estableció el principio de Primacía de la Realidad: lo relevante para definir a un trabajador son las condiciones reales en las que presta el servicio y no la denominación contractual que la empresa le imponga.

“El expediente Rappi nos lleva a pensar que, más allá de determinar la relación de dependencia o no, existe un piso mínimo de derechos que el Estado debe garantizar en materia de salud y seguridad vial”, sostuvo Alonso.

La iniciativa además se elaboró en consonancia con el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primer estándar global diseñado de forma tripartita para este sector.

“Es empleo de subsistencia y hay que cuidar al trabajador”

En declaraciones a Radio Provincia, Alonso trazó una radiografía cruda sobre el sector: “Se trata de un empleo de subsistencia y tenemos que estar todos alineados con el trabajador”.

El diagnóstico fue compartido días antes en la jornada “Trabajo decente, plataformas e informalidad”, realizada en la sede de FOETRA, donde el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo que “es imperioso regular el trabajo para cuidar a quienes lo ejercen”.

En ese encuentro se expuso que cerca de medio millón de personas trabajan en el sector solo en el AMBA, y que el 70% de los repartidores y choferes arrastra deudas superiores a los $900.000, contraídas en su mayoría mediante las propias herramientas financieras de las firmas prestadoras.

La propuesta bonaerense parte de la premisa central de que la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas actividades económicas deben ir acompañados de políticas públicas que garanticen condiciones de trabajo dignas, seguridad y protección de derechos.