La presencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro en territorio argentino abrió un nuevo frente judicial y político luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para investigar las circunstancias de su ingreso al país y posterior salida en un avión privado.
La legisladora planteó la posible existencia de irregularidades en los controles fronterizos y solicitó que se determine si hubo intervención o responsabilidades de funcionarios públicos en el traslado del dirigente brasileño, quien, de acuerdo con la denuncia, tenía restricciones judiciales para abandonar Brasil.
El episodio adquirió mayor repercusión después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que Bolsonaro había ingresado a la Argentina acompañado por familiares y posteriormente abordado una aeronave privada con destino a Ecuador, en medio de versiones iniciales que negaban su presencia en el territorio nacional.
Pagano pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de obtener los registros migratorios, planes de vuelo, nóminas de pasajeros y documentación vinculada con la contratación del transporte aéreo.
La presentación busca reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si existieron incumplimientos de las normas migratorias argentinas o conductas atribuibles a funcionarios encargados de los controles.
“Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, sostuvo la diputada, al cuestionar las condiciones en las que se desarrolló el operativo.
La legisladora también fue contundente al referirse a la responsabilidad de las autoridades nacionales: “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”.
La denuncia ya dio lugar a actuaciones judiciales. El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para establecer cómo ingresó Bolsonaro a la Argentina y si existían restricciones legales relevantes para su tránsito por el territorio nacional.
Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es si las eventuales prohibiciones dictadas por la Justicia brasileña tuvieron alguna consecuencia jurídica sobre los controles que debían realizar las autoridades argentinas.
El caso también expuso contradicciones entre las primeras explicaciones oficiales y la posterior confirmación del movimiento migratorio, una circunstancia que la diputada considera necesario investigar.
Por el momento, la existencia de una denuncia y la apertura de medidas judiciales no implican que se hayan acreditado delitos ni responsabilidades penales. La investigación deberá establecer si hubo irregularidades y, en caso de comprobarlas, determinar quiénes intervinieron.