La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a analizar una iniciativa destinada a fortalecer los controles sanitarios y ambientales sobre las nuevas urbanizaciones, mediante la incorporación de requisitos obligatorios para el tratamiento y la disposición final de los líquidos cloacales domiciliarios.
El proyecto, presentado por la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo, propone modificar el régimen provincial de ordenamiento territorial y uso del suelo para impedir que se habiliten construcciones que no acrediten condiciones adecuadas para el tratamiento de sus efluentes.
La propuesta establece que los líquidos cloacales únicamente podrán descargarse al suelo o al subsuelo cuando hayan recibido un proceso previo de depuración o neutralización que garantice que no representen un riesgo para la salud de la población.
La exigencia alcanzaría a las instalaciones independientemente de su antigüedad, características constructivas o denominación, con el propósito de evitar que diferentes sistemas de disposición domiciliaria queden fuera de los controles.
Uno de los puntos centrales del proyecto dispone que, cuando exista una red colectora cloacal disponible frente al inmueble o dentro de la distancia que establezca la reglamentación, la conexión al servicio será obligatoria y quedará prohibida la descarga de efluentes en el terreno.
En las zonas donde actualmente no se exige la provisión de cloacas, las instalaciones deberán cumplir con las soluciones técnicas, los criterios de dimensionamiento y los parámetros de vuelco establecidos por la Autoridad del Agua.
Además, la iniciativa plantea que los municipios no puedan otorgar certificados finales de obra, conformidades ni habilitaciones, incluso de carácter precario, sin verificar previamente el cumplimiento de estos requisitos ambientales.
De esta manera, la propuesta pretende incorporar controles desde las etapas de aprobación de los proyectos urbanísticos, en lugar de limitar las intervenciones a situaciones de contaminación ya producidas.
En los fundamentos del proyecto, Balaudo advierte que numerosas familias bonaerenses se abastecen de agua mediante perforaciones realizadas en sus propios terrenos, una situación que incrementa los riesgos sanitarios cuando los residuos cloacales son descargados sin tratamiento adecuado.
La iniciativa señala que la contaminación del suelo y del subsuelo puede afectar las mismas fuentes de agua utilizadas para el consumo humano, especialmente en áreas que no cuentan con infraestructura sanitaria suficiente.
También recuerda que la Ley provincial 5.965, sancionada en 1958, ya contiene restricciones al vertido de desechos sin tratamiento previo, pero considera necesario fortalecer su aplicación mediante la normativa urbanística.
Según sus fundamentos, el proyecto no crea un nuevo sistema de sanciones, sino que incorpora condiciones concretas para aprobar urbanizaciones y habilitar edificaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales vigentes.