En la provincia de Buenos Aires volvió a discutirse el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio para los propietarios de vehículos. En Junín, el bloque PRO–Coalición Cívica presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno bonaerense para pedir una revisión de las tarifas y cambios en el funcionamiento del sistema.
La iniciativa se presentó luego de que el 16 de octubre entrara en vigencia el nuevo cuadro tarifario establecido por el Ministerio de Transporte provincial. Con una suba del 17,6%, el valor básico para automóviles particulares de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99, tras finalizar la prórroga de 90 días del congelamiento que había comenzado en julio.
Entre los usuarios también se cuestionó la imposibilidad de abonar el trámite con tarjeta de crédito en cuotas, en un contexto en el que los conductores afrontan además gastos de patente, seguro, combustible, peajes y eventuales reparaciones.
Qué cuestiona el proyecto
El proyecto no se limita al monto de la inspección. También plantea dificultades vinculadas con el acceso territorial, las demoras para obtener turnos y la frecuencia con la que los vehículos deben someterse a los controles.
Según los concejales que impulsan la iniciativa, un incremento sin mejoras concretas en la prestación genera una brecha entre lo que abonan los usuarios y el servicio que reciben. Además, sostienen que esa situación puede afectar el carácter preventivo de la VTV.
Los cambios que se solicitan
El texto le pide al Ministerio de Transporte provincial, o al organismo competente, que evalúe una serie de modificaciones:
- Revisar el aumento: buscar un equilibrio entre el monto que pagan los usuarios y la prestación efectivamente brindada.
- Ampliar los lugares habilitados: permitir que concesionarios oficiales y talleres mecánicos calificados realicen verificaciones, con el objetivo de descentralizar y modernizar el sistema.
- Modificar los plazos de vigencia: adecuarlos a estándares nacionales, con una primera revisión a los cinco años para los vehículos cero kilómetro y una vigencia de dos años para los que tienen hasta diez años de antigüedad.
- Mejorar la cobertura y los turnos: resolver la falta de plantas verificadoras fijas en localidades del interior y agilizar la asignación de turnos, para evitar traslados extensos.
Desde el bloque señalaron que la seguridad vial debe ser una prioridad y que las medidas destinadas a garantizarla deben contemplar criterios de equidad, razonabilidad y accesibilidad.