Acusan a Nación de "eliminar" cooperativas

El presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires (IPAC), Gildo Onorato, cuestionó la suspensión de matrículas dispuesta por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y advirtió sobre sus consecuencias para la producción, el empleo y los servicios comunitarios. Según señaló, la medida alcanza a miles de entidades en todo el país y paraliza al 40% de las cooperativas bonaerenses.

Durante una entrevista con el programa Palabras más, palabras menos, de La Cielo FM 103.5, el funcionario sostuvo que las suspensiones afectan a más de 6.000 cooperativas y alrededor de 3.000 mutuales. Aunque manifestó su acuerdo con la necesidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones institucionales, cuestionó que las sanciones impidan el funcionamiento de las organizaciones mientras regularizan su situación.

“Compartimos que hay que tener una fiscalización y una transparencia en el marco institucional”, afirmó Onorato, quien atribuyó a la decisión nacional una finalidad que excede el control administrativo.

Para el titular del IPAC, existe “una intencionalidad de achicar el padrón de instituciones matriculadas”, con consecuencias sobre el tejido productivo, los puestos de trabajo y las organizaciones que sostienen la vida comunitaria.

Cuestionamientos a las suspensiones y reclamo por fondos

Onorato también denunció inconsistencias en el alcance de la resolución. Según explicó, aunque la medida apuntaba a regularizar padrones anteriores a diciembre de 2024, incluyó a 398 instituciones cuyas matrículas habían sido aprobadas durante 2026.

A ese cuestionamiento sumó un reclamo financiero al Gobierno nacional. “El Tesoro Nacional adeuda 125.000 millones de tributos de las cooperativas que tienen que volver en coparticipación a los organismos provinciales para seguir alimentando una política de promoción”, sostuvo.

El funcionario vinculó la falta de esos recursos con las dificultades para acompañar al sector y afirmó que las sanciones se aplican en un escenario de ausencia de financiamiento. “Hay política de hostigamiento, hay sanción, no hay política de financiamiento”, expresó, al señalar que los tributos que pagan las cooperativas no regresan a las provincias mediante las políticas que deberían sostener su desarrollo.

El impacto sobre los servicios comunitarios

El presidente del IPAC remarcó que el conflicto involucra a distintas ramas del cooperativismo, entre ellas las organizaciones que prestan servicios esenciales. Según los datos que aportó, las cooperativas operan el 80% del tendido eléctrico rural bonaerense, mientras que 2,5 millones de habitantes de la provincia reciben agua potable mediante la gestión comunitaria.

También mencionó la participación del sector en servicios de conectividad, televisión por cable y producción de alimentos. Con esos ejemplos, advirtió que las restricciones para facturar y operar pueden tener consecuencias que exceden a las propias instituciones y alcanzan a las comunidades que dependen de ellas.

“Se afectó a todo el sistema cooperativo”, sostuvo, al rechazar que el alcance de la medida pueda reducirse a un único tipo de organización.

La respuesta bonaerense

Frente a este escenario, Onorato destacó los programas provinciales “Cooperativas al día” y “Clínicas de cumplimiento participativo”, orientados a brindar asistencia técnica y legal para regularizar documentación sin interrumpir la actividad de las entidades.

El titular del IPAC defendió una fiscalización que combine controles con acompañamiento y planteó allí la principal diferencia con la política nacional. “Creemos en la transparencia pero fiscalizamos para acompañar; el gobierno nacional fiscaliza para sancionar y eliminar a las instituciones cooperativas”, concluyó.