El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad, Javier Alonso, para conocer cómo se elaboran las estadísticas del delito y qué tratamiento reciben las denuncias realizadas a través de la plataforma “Mi Seguridad”. La iniciativa fue impulsada por el presidente de la bancada, Carlos Curestis, y solicita información sobre las presentaciones correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2025.
El planteo se concentra en 122.867 denuncias que, según el proyecto, durante 2025 permanecieron bajo la categoría de “tipificación provisoria”, sin una clasificación penal asignada por las fiscalías. Para el legislador, esa situación requiere explicaciones sobre su incidencia en los registros oficiales y, especialmente, en las cifras de delitos contra la propiedad.
Curestis sostuvo que más de 100 mil de esas presentaciones habían sido identificadas por los propios denunciantes como robos y hurtos. A partir de ese dato, afirmó que, si se hubieran incorporado al conteo habitual bajo esas categorías, las estadísticas podrían haber sido hasta un 36% superiores a las difundidas para ese período.
Ese porcentaje forma parte de la estimación expuesta por el bloque libertario y del cuestionamiento que busca esclarecer mediante el pedido de informes.
Qué información reclama el bloque
La iniciativa también solicita precisar cuántas denuncias recibidas durante 2024 y 2025 fueron ratificadas y cuántas continuaban sin clasificación penal a septiembre de 2026. El objetivo es conocer el recorrido de las presentaciones desde su ingreso al sistema hasta la intervención judicial y su eventual incorporación a las estadísticas.
Además, Curestis pidió explicaciones sobre los motivos técnicos y normativos por los cuales las fiscalías no asignan una tipificación definitiva a denuncias que ingresan con una categoría seleccionada por el usuario. El planteo pone el foco en la diferencia entre la descripción inicial del hecho y el encuadre jurídico que corresponde establecer durante su tramitación.
Otro de los puntos cuestionados es el requisito de ratificación presencial de las denuncias digitales, para el que el material citado por el proyecto señala un plazo de cinco días hábiles. Los libertarios reclamaron controles que permitan seguir cada presentación y conocer qué ocurre cuando ese procedimiento no se completa.
La discusión sobre el registro de robos y hurtos
“Cuando más de 100.000 presuntos robos y hurtos quedan fuera del registro, la fotografía oficial de la inseguridad resulta doblemente distorsionada”, advirtió Curestis al fundamentar su reclamo.
Con ese argumento, La Libertad Avanza trasladó al Senado una discusión sobre la metodología utilizada para construir las cifras de inseguridad. El pedido busca determinar cómo se contabilizan las denuncias pendientes de clasificación y si esa situación modifica la información con la que se evalúa la evolución del delito en territorio bonaerense.