La creciente exposición de niñas, niños y adolescentes a distintas formas de violencia en los entornos digitales llegó al Concejo Deliberante de General Pueyrredon, donde la concejal Vilma Baragiola, del bloque UCR más Nuevos Aires, presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a la Ley EMA y desarrolle políticas de prevención frente al acoso virtual, la vulneración de la intimidad y los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial.
La propuesta busca fortalecer las herramientas de protección de derechos en Mar del Plata y Batán mediante campañas de información, actividades educativas y acciones de concientización destinadas a estudiantes, familias y distintos sectores de la comunidad. “La violencia digital también vulnera derechos y puede tener consecuencias muy graves”, advirtió Baragiola al fundamentar la iniciativa, que plantea la necesidad de intervenir desde la prevención y no únicamente cuando las situaciones de hostigamiento o exposición de contenidos personales ya provocaron daños.
El proyecto contempla que el Ejecutivo municipal promueva acciones específicas para informar sobre ciberacoso, grooming, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial, además de incorporar herramientas relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales y el uso responsable de las tecnologías.
La inteligencia artificial y las nuevas formas de violencia
Uno de los aspectos que incorpora la propuesta es la necesidad de abordar los riesgos derivados de la utilización de herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes y otros contenidos digitales, prácticas que pueden afectar la intimidad, la identidad y la integridad de las personas.
En ese marco, la iniciativa plantea ampliar las estrategias de concientización para que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer situaciones de violencia, comprender los riesgos vinculados con la circulación de información personal y conocer herramientas para proteger sus derechos.
La Ley EMA, a la que se propone adherir el municipio, contempla la incorporación progresiva de contenidos sobre convivencia digital, consentimiento y privacidad en los ámbitos educativos. También prevé instancias de capacitación para el personal y la actualización de protocolos de intervención ante hechos de violencia digital, incluyendo mecanismos para preservar pruebas y acompañar a las víctimas. En esa línea, la propuesta de Baragiola busca trasladar esos lineamientos al ámbito municipal, con acciones que alcancen tanto a los establecimientos educativos como a otros espacios de participación juvenil.
Escuelas, familias y organizaciones en la prevención
El proyecto establece la posibilidad de articular acciones con autoridades educativas provinciales, instituciones escolares, organizaciones comunitarias y organismos especializados en la protección de los derechos de la infancia. Además, habilita al municipio a celebrar convenios con clubes, centros culturales y entidades civiles para extender las campañas de prevención y generar espacios de información que permitan abordar estas problemáticas fuera de las aulas.
De esta manera, la iniciativa apunta a que la prevención de la violencia digital no quede limitada al sistema educativo, sino que involucre a las familias y a las distintas instituciones que forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. “No alcanza con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Tenemos que anticiparnos, educar y generar conciencia”, sostuvo la concejal radical, al remarcar la importancia de generar herramientas que permitan identificar y prevenir situaciones de violencia antes de que se agraven.
La adhesión a la Ley EMA permitiría establecer un marco de trabajo para impulsar actividades de formación y campañas de sensibilización sobre prácticas digitales seguras, con especial atención a las situaciones que comprometen la intimidad y la integridad de los sectores más jóvenes.
El planteo también reconoce la necesidad de actualizar las herramientas de prevención frente a tecnologías que incorporan nuevas posibilidades de comunicación, pero que también pueden ser utilizadas para ejercer acoso, difundir contenidos sin consentimiento o manipular imágenes.