Los intendentes bonaerenses quedaron un paso más cerca de contar con mayor libertad para administrar los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, luego de que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones al proyecto que habilita la libre disponibilidad de su primera cuota. La iniciativa, impulsada por Diego Garciarena, presidente del bloque UCR-Cambio Federal, deberá obtener el respaldo del Senado para que los municipios puedan utilizarla.
La propuesta modifica artículos de la Ley 15.561 de Endeudamiento y busca que las administraciones locales puedan orientar esos fondos hacia sus necesidades más urgentes, entre ellas el pago de salarios, aguinaldos y otras obligaciones municipales, sin quedar sujetas exclusivamente a los destinos previstos originalmente.
El proyecto aguardaba tratamiento desde el 28 de mayo y su avance se produce en un escenario de dificultades financieras para los distritos, que deben atender demandas cotidianas con recursos limitados.
Qué pasará con las otras cuotas
La iniciativa también contempla la posibilidad de habilitar la libre disponibilidad de las cuotas segunda y tercera correspondientes al ejercicio de este año, aunque en esos casos la autorización no sería automática: quedaría sujeta a la evaluación de la comisión Bicameral, que deberá analizar los pedidos y la situación de cada municipio antes de comunicar su decisión al Poder Ejecutivo.
Ese mecanismo introduce una diferencia entre la primera cuota, cuya disponibilidad se busca habilitar mediante la modificación legislativa, y las dos siguientes, que requerirían una instancia de análisis particular. La Bicameral ya tiene designados a sus representantes de Diputados, mientras resta la integración correspondiente a la Cámara alta.
Las cuentas locales bajo presión
El debate se inscribe en los reclamos del gobierno de Axel Kicillof por el impacto de los recortes nacionales sobre las finanzas provinciales y municipales. La administración bonaerense sostiene que la deuda de Nación con la Provincia asciende a $28,4 billones, en un contexto atravesado por menores transferencias y obras paralizadas.
Para los intendentes, la discusión tiene una consecuencia concreta: poder utilizar recursos disponibles para atender obligaciones que no siempre coinciden con las asignaciones originales de los fondos. Sin embargo, la aprobación en Diputados todavía no habilita ese cambio; la definición continúa en manos del Senado.