Ante la amenaza de El Niño, los intendentes podrán usar fondos rurales para evitar inundaciones

La provincia de Buenos Aires decidió ampliar las herramientas financieras de los municipios ante la amenaza de nuevas inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño. En su sexta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, que autoriza a los intendentes a utilizar durante seis meses los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural, originalmente destinados al mantenimiento de caminos, para financiar obras de drenaje, reparación de infraestructura y adquisición de equipamiento hídrico.

La medida apunta a resolver una dificultad que enfrentan numerosos distritos del interior bonaerense, donde las precipitaciones intensas no solamente deterioran los caminos rurales, sino que también provocan anegamientos, desbordes de canales y complicaciones para la producción agropecuaria. Frente a ese escenario, la Legislatura habilitó a los gobiernos locales a disponer de hasta el 100% de los recursos comprendidos en la normativa para intervenir sobre la infraestructura hídrica, sin quedar sujetos exclusivamente al destino vial que establece el régimen vigente.

La iniciativa, que también lleva la firma de la senadora Silvana Ventura, plantea que la prevención de inundaciones requiere respuestas que contemplen las particularidades de cada distrito. En ese sentido, los intendentes podrán decidir si destinan los recursos a obras de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas o compra de equipamiento, según las necesidades de sus comunidades.

Fondos para obras urgentes y mayor autonomía municipal

El sistema vigente de distribución del Impuesto Inmobiliario Rural establece que el 65% de lo recaudado corresponde al Ejecutivo provincial, mientras que el 12% se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, el 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y el 20% a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.

La nueva ley no modifica esos porcentajes de distribución, sino que flexibiliza temporalmente el destino de los recursos afectados al mantenimiento de la red vial rural, permitiendo que las administraciones municipales los utilicen para prevenir o mitigar las consecuencias de las inundaciones.

Para Vargas, la rigidez de las asignaciones presupuestarias impide muchas veces atender las situaciones que requieren intervenciones inmediatas. “Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores”, sostuvo el legislador en los fundamentos de su proyecto.

En esa misma línea, advirtió que “si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, al señalar la necesidad de actuar antes de que las lluvias provoquen daños mayores sobre los caminos y los sistemas de escurrimiento.

La normativa establece, además, que la reasignación será una facultad y no una obligación para los municipios. De esta manera, cada intendente podrá evaluar si corresponde priorizar las intervenciones hídricas o mantener los fondos destinados a la conservación de los caminos rurales, muchos de los cuales ya sufrieron deterioros por las condiciones climáticas de los últimos meses.

El reclamo a Milei por los fondos hídricos llegó al recinto

Durante el tratamiento legislativo, el diputado de Fuerza Patria y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, respaldó la iniciativa, aunque aprovechó su intervención para cuestionar al Gobierno nacional por la falta de transferencias destinadas a infraestructura hídrica.

El legislador sostuvo que los recursos correspondientes al Fondo Hídrico deberían estar disponibles para que los municipios puedan ejecutar las obras necesarias y advirtió que la flexibilización del Inmobiliario Rural constituye una respuesta frente a una situación que requiere financiamiento de mayor alcance.

“Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período”, expresó Acerbo, quien vinculó la urgencia de aprobar la normativa con la proximidad del fenómeno climático.

El exjefe comunal fue todavía más contundente al remarcar que “no deberíamos votar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante. Pero la solución está en otro lado”.

Sus declaraciones introdujeron en el debate una discusión que excede la administración de los recursos municipales y alcanza el financiamiento nacional de las obras destinadas a prevenir inundaciones, especialmente en una provincia cuya actividad productiva depende en buena medida del estado de los caminos rurales y del funcionamiento de los sistemas de drenaje.

El antecedente de Bahía Blanca y la necesidad de anticiparse

El proyecto también recupera la experiencia de las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca como uno de los antecedentes que evidencian las consecuencias de una infraestructura insuficiente frente a episodios climáticos extremos.

Durante su tratamiento en el Senado bonaerense, Vargas había señalado que las administraciones locales necesitan herramientas para intervenir con rapidez, sin depender de procedimientos que demoren la ejecución de obras consideradas urgentes.

“Sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta”, recordó el senador.