Diputados prorrogó la emergencia de empresas recuperadas y LLA votó en contra

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley este martes el proyecto impulsado por la senadora Malena Galmarini y acompañado por otras legisladoras peronistas para prorrogar durante tres años la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas. La medida, que alcanza a un universo de 288 cooperativas y cerca de 5.000 trabajadores, según datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, fue aprobada en medio de fuertes cruces políticos y con la presencia de representantes del sector que siguieron la discusión desde los palcos.

La iniciativa busca garantizar la continuidad de una serie de protecciones destinadas a las unidades productivas que quedaron en manos de sus trabajadores después de atravesar procesos de quiebra, cierre, vaciamiento o abandono empresarial. En un escenario de dificultades para sostener la producción y preservar el empleo, la sanción representa un respaldo legislativo para cooperativas que reclaman condiciones mínimas de estabilidad para continuar funcionando.

Tres años de protección para cooperativas que sostienen miles de empleos

La ley sancionada establece una prórroga de tres años de la emergencia prevista en la Ley provincial 15.485, cuyo plazo de vigencia estaba próximo a finalizar. Además, faculta al Poder Ejecutivo a extender nuevamente la medida si persisten las circunstancias que motivaron su declaración.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo que afecten a las empresas recuperadas, así como la protección frente al corte de servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales.

Se trata de herramientas destinadas a preservar la continuidad operativa de establecimientos que, en numerosos casos, lograron mantener sus puertas abiertas gracias a la organización colectiva de sus trabajadores, quienes asumieron la gestión de las unidades productivas ante la desaparición o el retiro de sus antiguos propietarios.

De acuerdo con los registros oficiales, la provincia cuenta con 288 empresas recuperadas que representan el sustento de casi 5.000 familias. Algunas de estas experiencias surgieron durante la crisis de 2001 y consiguieron atravesar sucesivos períodos de inestabilidad económica, aunque todavía enfrentan dificultades vinculadas con el financiamiento, los costos de producción y la seguridad jurídica sobre los inmuebles donde desarrollan sus actividades.

La Libertad Avanza rechazó la ley y los trabajadores respondieron desde los palcos

El momento de mayor tensión se produjo durante la intervención de la diputada Silvina Vitale, quien tomó la palabra en representación de La Libertad Avanza para expresar el rechazo de su bloque a la iniciativa, bajo el argumento de que su implementación implicaría un incremento del gasto público.

Sus cuestionamientos provocaron silbidos desde los palcos, donde se encontraban trabajadores de distintas cooperativas que habían llegado a la Legislatura para acompañar el tratamiento del proyecto. La discusión también motivó las intervenciones de Andrés de Leo, de la Coalición Cívica; Christian Castillo, del Frente de Izquierda, y Juan Martín Malpeli, de Fuerza Patria, uno de los legisladores que trabajó en la elaboración de la norma.

Malpeli defendió la prórroga y puso el foco en la incertidumbre que atraviesan quienes sostienen estas experiencias de autogestión, al recordar los encuentros mantenidos con representantes de las distintas cooperativas.

“Hemos visitado a muchísimos compañeros de empresas recuperadas que hoy están acá arriba. Nos han explicado, contado y mostrado su producción, sus problemas, su trabajo y nos plantearon lo que quieren, que no tienen previsibilidad”, sostuvo el diputado.

En esa línea, remarcó que la discusión excede los beneficios establecidos en la normativa y apunta directamente a la preservación del trabajo. “Hace muchísimos años que ellos vienen trabajando, manteniendo a sus familias, y lo único que debe hacer la Legislatura es convertir en ley esta política de derecho, para que puedan seguir trabajando”, afirmó.

Una emergencia que comenzó en 2024 y vuelve a extenderse

La protección para las empresas recuperadas había sido establecida mediante una ley promulgada por el gobierno de Axel Kicillof en abril de 2024, que declaró inicialmente la emergencia económica, financiera y tarifaria por un período de 18 meses. Posteriormente, en septiembre de 2025, el Ejecutivo bonaerense dispuso una prórroga de un año mediante decreto.

Frente al vencimiento de ese esquema, representantes del sector intensificaron sus gestiones ante la Legislatura para conseguir una nueva extensión, al advertir que la pérdida de las protecciones legales podía comprometer la continuidad de establecimientos que todavía enfrentan dificultades económicas y productivas.

En ese marco, trabajadores de la Cooperativa Frigocarne de Cañuelas, la Cooperativa Unión Gráfica de San Martín, la autopartista 19 de Diciembre y CerealCop participaron de las actividades desarrolladas en la Cámara baja para reclamar la sanción de la ley.

Durante esos encuentros, los cooperativistas describieron un escenario de dificultades para sostener la actividad y cuestionaron la falta de acompañamiento a las empresas gestionadas por sus propios trabajadores, en un contexto que caracterizaron como de “destrucción del trabajo y de la producción nacional”.

Con la sanción definitiva de la prórroga, las cooperativas bonaerenses conservarán durante los próximos tres años las herramientas de protección previstas por la legislación provincial, aunque el debate sobre su sostenibilidad económica y las políticas necesarias para fortalecerlas continuará abierto.