Es ley: Buenos Aires regula el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias

La provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias, luego de que la Cámara de Diputados otorgara sanción definitiva este martes 20 de octubre al proyecto impulsado por Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad. La iniciativa, que había regresado del Senado con modificaciones, establece criterios para limitar la utilización de dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar, promover su uso responsable y recuperar espacios de aprendizaje, encuentro y socialización entre estudiantes.

La aprobación se produjo durante la cuarta sesión ordinaria del año de la Cámara baja bonaerense, en una jornada que también incluyó la sanción de otras dos normas vinculadas con la educación emocional y la convivencia digital segura. Las tres iniciativas comparten una preocupación que atravesó buena parte del debate legislativo: cómo proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los efectos de la sobreexposición tecnológica, sin desconocer la importancia que las herramientas digitales tienen en los procesos educativos.

El proyecto de Rozas ya había atravesado ambas cámaras, pero debió regresar a Diputados luego de que el Senado introdujera modificaciones en su redacción, particularmente para contemplar también a los estudiantes del nivel primario. Con la aprobación definitiva, la nueva norma amplía el alcance de la Ley provincial 15.534, que ya establecía restricciones para el uso de dispositivos en las escuelas primarias, a partir de una propuesta del senador Emmanuel González Santalla.

Qué cambia con la nueva regulación de celulares

La norma busca promover un uso seguro y responsable de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas, además de informar y concientizar a estudiantes de entre 6 y 17 años sobre los riesgos asociados con la exposición excesiva a estos dispositivos.

Su principal disposición establece que los celulares podrán utilizarse con fines pedagógicos, cuando exista un requerimiento y autorización explícita del docente, de manera que la tecnología continúe formando parte de las herramientas educativas, pero no interfiera permanentemente en el desarrollo de las actividades escolares.

La regulación alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada, tanto del nivel primario como secundario, y contempla la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones destinados a las comunidades educativas para orientar su implementación.

También incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan analizar los resultados de las medidas y realizar los ajustes necesarios, reconociendo que la aplicación de las nuevas pautas deberá contemplar las características y necesidades de las instituciones.

El objetivo no es eliminar la tecnología de las aulas, sino ordenar su utilización y evitar que el teléfono se convierta en una presencia permanente que desplace la atención, el intercambio personal y las actividades de aprendizaje.

Rozas: que los estudiantes vuelvan a mirarse a los ojos

Durante su intervención en el recinto, el autor del proyecto defendió la necesidad de recuperar la escuela como espacio de encuentro y alertó sobre las consecuencias que puede generar la exposición continua a dispositivos digitales.

“Este proyecto viene a tratar de dar un lugar seguro a los adolescentes, que por lo menos dentro de las instituciones educativas estén un poquito más protegidos”, expresó Rozas, quien aclaró que la tecnología constituye una herramienta indispensable para el futuro y que los estudiantes deben aprender a utilizarla.

Sin embargo, advirtió que su uso excesivo puede generar efectos perjudiciales y mencionó especialmente la necesidad de fortalecer la seguridad emocional y prevenir problemáticas como la ludopatía.

El legislador también apeló a su experiencia como docente para describir escenas que, según señaló, se repiten en los establecimientos educativos y reflejan cambios profundos en las formas de vincularse.

“Yo me dedico hace años a la docencia y me pasa de ver en los patios, en momentos de recreo, de ver cómo los chicos se comunicaban a través de un teléfono a pesar de que estaban a un metro del otro”, relató.

A partir de esa observación, explicó que la iniciativa surgió con la intención de recuperar los vínculos presenciales y otorgar a las instituciones educativas herramientas para decidir de qué manera incorporar los dispositivos.

“Que los chicos vuelvan a mirarse a los ojos, a interactuar entre ellos”, planteó Rozas, al sintetizar el propósito de una reforma que busca poner límites al uso indiscriminado de las pantallas sin negar sus posibilidades educativas.

En los fundamentos del proyecto también mencionó experiencias de países como Francia, Alemania, Noruega, China y Estados Unidos, donde se implementaron diferentes medidas para restringir la utilización de teléfonos durante las actividades escolares.

Educación emocional: otra ley para contención de infancias y adolescencias

La sesión también dejó sancionada la modificación de la Ley Provincial de Educación 13.688 para incorporar la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario, una iniciativa defendida en el recinto por la diputada Luciana Padulo, quien reclamó que las instituciones educativas cuenten con herramientas para acompañar las dificultades emocionales que atraviesan niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención, Padulo agradeció el acompañamiento de legisladores de diferentes bloques, recordó el tiempo de trabajo que demandó el proyecto y cuestionó la demora en responder a problemáticas que afectan directamente a las nuevas generaciones. “Acá hay una urgencia, y nosotros que somos adultos tenemos que dejar de mirar para otro lado”, expresó al defender la sanción de la norma.

Padulo consideró que la escuela constituye uno de los principales espacios de referencia para los estudiantes y destacó la importancia de generar ámbitos donde puedan expresar sus preocupaciones, encontrar acompañamiento y recibir orientación.

En ese marco, advirtió que muchos adolescentes atraviesan situaciones de aislamiento y dificultades para comunicar lo que les sucede. “Los chicos están cada vez más solos”, señaló, al remarcar la necesidad de fortalecer el trabajo de los equipos docentes y las estrategias de acompañamiento escolar.

La incorporación de la educación emocional reconoce que el proceso de enseñanza no puede reducirse exclusivamente a contenidos académicos, sino que también debe contemplar herramientas para identificar emociones, desarrollar habilidades de convivencia y abordar conflictos en las distintas etapas educativas.

Convivencia digital: prevención, protocolos y controles

La tercera iniciativa convertida en ley garantiza el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura, mediante acciones orientadas a prevenir situaciones de violencia y promover una utilización responsable de las tecnologías.

La propuesta, conocida como Ley Ema, contempla herramientas de prevención, capacitación y actuación institucional frente a situaciones de violencia digital que puedan afectar a estudiantes dentro y fuera del ámbito escolar.

Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza Luis Ontiveros puso el acento en la necesidad de acompañar las nuevas políticas educativas con mecanismos de evaluación que permitan conocer su implementación efectiva. El legislador sostuvo que cualquier planificación educativa debe contemplar tres dimensiones fundamentales e inseparables: la cognitiva, la biológica y la emocional. Desde esa perspectiva, recordó las discusiones desarrolladas en comisión sobre la necesidad de contar con información concreta acerca del funcionamiento de los programas.

Ontiveros destacó que el Senado incorporó al proyecto de convivencia digital un artículo que establece la obligación de presentar un informe anual ante la Legislatura bonaerense.

Según el texto leído durante la sesión, la Dirección General de Cultura y Educación deberá informar sobre las capacitaciones realizadas, la cantidad de establecimientos alcanzados, los protocolos aplicados, las articulaciones institucionales, la ejecución presupuestaria y los indicadores de evaluación, resguardando la confidencialidad de los datos personales.

También cuestionó que numerosos pedidos de informes impulsados por legisladores no lleguen a tratarse en las comisiones ni a votarse en el recinto, lo que, según consideró, dificulta el control sobre las acciones del Ejecutivo.

“Todo proceso práctico se puede mejorar, optimizar, cambiar con datos, no con intenciones, con emoción, con posicionamiento ideológico”, afirmó, al defender la necesidad de incorporar criterios de seguimiento y monitoreo.

El desafío será que esas disposiciones no queden solamente escritas en una ley, sino que puedan traducirse en cambios concretos dentro de las escuelas, donde miles de estudiantes necesitan aprender, vincularse y encontrar espacios seguros para crecer.