AySA: Provincia impugnará el tarifazo y rechazará la privatización

El gobierno de la provincia de Buenos Aires profundizará su enfrentamiento con la administración de Javier Milei por los aumentos tarifarios y el avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La Provincia anunció que participará de la audiencia pública convocada para el próximo 26 de octubre, donde impugnará las subas y exigirá el cumplimiento de los compromisos de inversión, mantenimiento y expansión de las redes de agua potable y cloacas, en un contexto marcado por la paralización de obras y las dificultades de acceso a servicios esenciales que afectan a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La decisión fue comunicada durante la conferencia de prensa del gobierno bonaerense, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la que se cuestionó la política tarifaria nacional y se advirtió que la transferencia de la empresa al sector privado no garantiza las inversiones necesarias para ampliar la cobertura. Según los datos expuestos por la administración provincial, las tarifas de agua y saneamiento acumularon incrementos superiores al 500%, frente a una inflación cercana al 300%, una diferencia que desde el Ejecutivo bonaerense consideran injustificada frente a la falta de mejoras en la infraestructura.

Además de participar de la audiencia pública, la Provincia avanzará con reclamos administrativos y judiciales para exigir que se regularice la situación de la compañía y se respeten las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio.

Tarifas en aumento y usuarios sin posibilidad de elegir

Uno de los principales cuestionamientos del gobierno bonaerense apunta al carácter monopólico del servicio, una condición que obliga a las familias a afrontar los incrementos sin contar con alternativas de prestación.

Desde la administración provincial consideran que los aumentos deben analizarse junto con la evolución de las inversiones y las obligaciones de la empresa, especialmente porque se trata de un servicio público cuya cobertura tiene consecuencias directas sobre las condiciones sanitarias de la población.

En ese sentido, la participación en la audiencia pública buscará cuestionar los incrementos y reclamar que cualquier modificación del esquema tarifario contemple compromisos concretos de mantenimiento, ampliación de las redes y mejoras en la prestación.

La privatización y el futuro de las inversiones

El conflicto también tiene como eje la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA, una medida cuestionada por la administración bonaerense al considerar que la compañía había logrado equilibrar sus cuentas y alcanzar un superávit operativo antes de que se impulsara su transferencia al sector privado.

Para el Ejecutivo provincial, uno de los principales riesgos es que los ingresos de la compañía se conviertan en ganancias privadas sin que existan garantías suficientes de reinversión en infraestructura, especialmente en aquellas zonas donde todavía no se extendieron las redes de agua potable y saneamiento.

La Provincia sostiene que la discusión sobre el futuro de AySA no puede limitarse al equilibrio financiero de la empresa ni a las condiciones de su privatización, sino que debe incorporar obligaciones efectivas para garantizar la ampliación del servicio y evitar que la falta de infraestructura siga profundizando las desigualdades territoriales.

Millones de personas sin agua potable ni cloacas

La situación sanitaria fue otro de los puntos centrales de los planteos provinciales. Según los datos presentados durante la conferencia, más de tres millones de personas de la región bonaerense no tienen acceso al agua potable, mientras que alrededor de cinco millones carecen de conexión a la red cloacal, cifras que reflejan la magnitud de las necesidades de infraestructura todavía pendientes.

El gobierno provincial vinculó esta situación con la paralización de las obras públicas y advirtió que la ausencia de inversiones sostenidas compromete las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de millones de familias, especialmente en los sectores más postergados del conurbano.

En este escenario, el Ejecutivo bonaerense insistirá en que se respeten los compromisos de expansión y mantenimiento de las redes, al considerar que el acceso al agua potable y al saneamiento requiere políticas de inversión sostenidas que no pueden quedar exclusivamente sujetas a la rentabilidad de la prestación.

Una nueva disputa entre Nación y Provincia

La audiencia pública del 26 de octubre marcará una nueva instancia de confrontación entre las administraciones de Milei y Kicillof, esta vez alrededor de un servicio esencial cuya organización, financiamiento y futuro quedaron atravesados por el proceso de privatización que impulsa el Ejecutivo nacional.

Mientras la Nación avanza con su política de transferencia de empresas públicas al sector privado, la Provincia buscará cuestionar los aumentos tarifarios y exigir garantías sobre las inversiones comprometidas, además de sostener las acciones administrativas y judiciales anunciadas.

La discusión tendrá como trasfondo una problemática que afecta directamente la vida cotidiana de millones de bonaerenses: el costo creciente de los servicios públicos, las obras de infraestructura pendientes y la necesidad de garantizar que el acceso al agua potable y a las cloacas no dependa exclusivamente de la capacidad económica de los usuarios.