El PRO cruzó a Kicillof por los celulares en las cárceles

El debate por la regulación de los teléfonos celulares en las escuelas bonaerenses abrió un nuevo frente de confrontación política entre el PRO y el gobierno de Axel Kicillof. Si bien el bloque de senadores provinciales del partido amarillo expresó su respaldo a la iniciativa que busca establecer límites al uso de dispositivos móviles en las aulas, aprovechó la discusión para apuntar contra la administración provincial por la falta de una solución integral que permita controlar las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.

Para los legisladores opositores, existe una contradicción entre el avance de restricciones destinadas a mejorar la concentración y la convivencia escolar y las dificultades que, según denuncian, persisten para impedir que los teléfonos celulares sean utilizados desde las cárceles para cometer delitos. En ese sentido, reclamaron al Ejecutivo bonaerense respuestas concretas y cuestionaron que, a seis años de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia, todavía no se haya implementado un sistema que garantice comunicaciones seguras sin facilitar actividades delictivas.

De las aulas a las cárceles: el reclamo del PRO

El bloque recordó que durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 la Justicia bonaerense autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios, con el propósito de garantizar que las personas privadas de su libertad pudieran mantener el contacto con sus familiares y acceder a asistencia legal ante las restricciones impuestas a las visitas presenciales.

Sin embargo, los senadores advirtieron que aquella disposición excepcional dejó planteado un problema que, a su entender, la Provincia no logró resolver. Según señalaron, la falta de controles adecuados permite que determinados dispositivos sean utilizados para realizar estafas virtuales, amenazas y extorsiones, una modalidad delictiva que ha motivado distintas investigaciones judiciales.

Como ejemplo, mencionaron procedimientos realizados en septiembre en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, donde fueron secuestrados teléfonos presuntamente vinculados con maniobras delictivas. Para el espacio opositor, estos episodios ponen de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos tecnológicos y administrativos que permitan supervisar las comunicaciones sin afectar los derechos reconocidos a la población penitenciaria.

Un proyecto para reemplazar los celulares particulares

Frente a este escenario, el PRO impulsa una iniciativa legislativa presentada por el senador Pablo Petrecca, junto con Alex Campbell y otros integrantes del bloque, que propone crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en las unidades penitenciarias bonaerenses.

La propuesta contempla reemplazar los teléfonos celulares particulares por dispositivos o mecanismos institucionales que permitan a las personas detenidas comunicarse con familiares y abogados a través de contactos previamente registrados y verificados, pero sin acceso irrestricto a internet ni a las redes sociales.

Desde el bloque aclararon que el objetivo no es eliminar las posibilidades de comunicación de las personas privadas de su libertad, sino establecer condiciones que permitan compatibilizar esos derechos con la prevención del delito y la seguridad pública.

También cuestionaron la demora en regular las pantallas en primaria

El pronunciamiento del PRO incluyó además un cuestionamiento al Ejecutivo provincial por la demora en reglamentar la Ley 15.534, sancionada en 2025 para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias bonaerenses.

Según advirtieron los legisladores, el plazo de 180 días establecido para su reglamentación ya venció, sin que se haya completado ese procedimiento. Por eso, aunque respaldaron la propuesta destinada a las escuelas secundarias, plantearon que la regulación de los dispositivos tecnológicos debe estar acompañada por decisiones administrativas que permitan aplicar efectivamente las normas sancionadas.

La discusión educativa y el reclamo penitenciario quedaron así vinculados bajo un mismo argumento político: la necesidad de que el Estado establezca reglas claras sobre el uso de teléfonos celulares y garantice su cumplimiento en ámbitos con problemáticas y objetivos diferentes.

“La educación necesita reglas claras. La seguridad también”

En el cierre de su posicionamiento, los senadores insistieron en que establecer límites al uso de celulares en las escuelas constituye una medida positiva, pero sostuvieron que el gobierno provincial debe mostrar la misma determinación para abordar los riesgos asociados a las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.

“La educación necesita reglas claras. La seguridad también. Y en ambos casos el Estado tiene la obligación de hacerlas cumplir”, expresaron desde el bloque, al reclamar que la administración de Kicillof priorice herramientas que impidan la utilización de teléfonos para cometer delitos desde las cárceles bonaerenses.