Buscan que los countries se hagan cargo de proteger la fauna nativa

El avance de los barrios privados sobre humedales y hábitats de fauna silvestre llegó al Senado bonaerense con una propuesta que busca incorporar obligaciones ambientales desde la planificación de los emprendimientos. El senador de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, presentó un proyecto para regular la convivencia entre las urbanizaciones cerradas y los animales nativos, con exigencias para los nuevos desarrollos y un régimen de adhesión voluntaria para los que ya están construidos.

La iniciativa fue presentada después de la denuncia contra un vecino de Nordelta por disparar contra un grupo de carpinchos, un episodio que volvió a exponer los conflictos derivados de la ocupación residencial de áreas naturales. El texto alcanza a barrios cerrados, clubes de campo y emprendimientos similares ubicados en humedales, corredores biológicos o zonas de distribución natural de fauna silvestre.

“Este proyecto busca dar una respuesta estructural, científica y definitiva a un conflicto que la provincia de Buenos Aires ha intentado resolver de manera errática e ineficiente durante los últimos años: la colisión entre el avance de las urbanizaciones cerradas sobre ecosistemas de humedales y la supervivencia de la fauna silvestre nativa, en particular la población de carpinchos”, sostuvo Kikuchi en los fundamentos.

El planteo busca reducir los riesgos para las personas y los animales, conservar la biodiversidad y proteger la propiedad privada. Para ello, propone que los desarrolladores incorporen medidas de convivencia antes de comercializar y ocupar los terrenos.

Corredores y cruces seguros como condición ambiental

Para las nuevas urbanizaciones, el proyecto establece que la infraestructura destinada a la fauna deberá formar parte de los requisitos para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

Los emprendimientos tendrían que disponer de corredores biológicos interconectados, con vegetación nativa y espacios de refugio y alimentación separados de las áreas residenciales. También deberían construir pasos subterráneos o elevados en las calles internas que atraviesen sectores de circulación animal, junto con reductores físicos de velocidad.

Según los fundamentos, esas previsiones buscan evitar que toda la superficie disponible se destine a lotes y que, una vez ocupado el barrio, los animales deban buscar alimento en los jardines. La propuesta coloca así parte de la responsabilidad sobre el diseño de las urbanizaciones y las condiciones ambientales de los lugares donde se instalan.

Kikuchi advirtió que los conflictos afectan a ambas partes: mientras los residentes enfrentan accidentes de tránsito, daños materiales y posibles riesgos sanitarios, los animales quedan expuestos a atropellamientos y actos de violencia.

Qué pasaría con los barrios ya construidos

Para las urbanizaciones existentes, el senador propone crear un Régimen de Adecuación Voluntaria de Convivencia Urbano-Silvestre. Los consorcios o asociaciones civiles podrían presentar un Plan de Manejo Integral ante la autoridad de aplicación para abordar los conflictos dentro de sus predios.

Esos planes podrían incluir barreras físicas que no lastimen a los animales, cerramientos para impedir su ingreso a lotes particulares, modificaciones en las calles y construcción de pasos de fauna. También contemplarían programas de control poblacional no letal y protocolos de traslado para situaciones excepcionales.

Los barrios con planes aprobados quedarían habilitados para financiar procedimientos de esterilización y control reproductivo, realizados por veterinarios matriculados y bajo supervisión de especialistas en biología.

La distinción es central: mientras los nuevos emprendimientos quedarían sujetos a exigencias desde su autorización ambiental, la adecuación de los barrios preexistentes dependería de su incorporación voluntaria al régimen.

Traslados excepcionales y prohibición de métodos letales

La iniciativa prohíbe los métodos de erradicación letal, la caza y las relocalizaciones masivas que comprometan la supervivencia de las especies. Al mismo tiempo, contempla el traslado selectivo de ejemplares como último recurso, bajo control provincial y con destino a reservas naturales.

“Si bien este proyecto prohíbe la mudanza masiva e injustificada, institucionaliza la relocalización selectiva y excepcional como una medida de última ratio”, explicó el legislador.

Según los fundamentos, esa herramienta se aplicaría a animales que representen un peligro inminente para la comunidad o para sí mismos, con los gastos a cargo de los privados.

Para cuestionar los traslados masivos, el proyecto cita documentos técnicos de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) sobre el denominado “efecto vacío”: retirar animales de un humedal con alimento disponible puede permitir que el espacio sea ocupado por otros ejemplares, sin resolver las condiciones que originaron el conflicto.

Costos privados y descuentos impositivos

El diseño, la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura, junto con los programas de control poblacional y relocalización, quedarían a cargo de las desarrolladoras, los consorcios o las asociaciones vecinales, según corresponda. El texto establece que la Provincia no financiará directamente esas obras y tareas dentro de predios privados.

Sin embargo, también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar bonificaciones de hasta el 15% en el Impuesto Inmobiliario para los lotes de urbanizaciones preexistentes que acrediten la ejecución de las obras y los planes previstos. El plazo y las condiciones del beneficio dependerían de la reglamentación.

De esta manera, la propuesta combina obligaciones para los nuevos desarrollos con incentivos fiscales para promover la adecuación de los barrios ya construidos.