Universidades en alerta: este jueves se realiza la quinta Marcha Federal contra el ajuste presupuestario

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumará un nuevo capítulo este jueves 15 de octubre con la 5° Marcha Federal Universitaria. La comunidad educativa de todo el país volverá a las calles para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el Ejecutivo intentara suspenderla por vía judicial y administrativa.

La protesta se da en un contexto de fuerte conflicto: la Justicia frenó el Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada buscaba condicionar la ejecución de los fondos votados por el Congreso, mientras que los reclamos estudiantiles en la Secretaría de Educación terminaron con denuncias impulsadas por el Ministerio de Capital Humano. En las universidades advierten que la falta de actualización salarial y presupuestaria pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de estudio.

Quiénes marchan y qué reclaman

La convocatoria cuenta con el respaldo de los gremios docentes y no docentes, las federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El reclamo central es el cumplimiento de los aumentos adeudados, que incluyen un 33% de atraso salarial para el personal universitario y un 100% en las becas estudiantiles.

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, advirtió sobre la gravedad institucional y remarcó que “el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso”. En la misma línea, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que la marcha “prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores” ante la falta de respuestas.

Otro punto de conflicto es la discusión por el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno propone un tope de 7,3 billones de pesos para todo el sistema, los rectores solicitaron 11 billones para garantizar las actividades de enseñanza e investigación.

Qué establece la Ley 27.795

La Ley 27.795 establece un mecanismo de actualización automática del presupuesto universitario atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con el objetivo de sostener la investigación, las becas y las paritarias acordes a la inflación. Pese a que el Ejecutivo intentó bloquear su implementación con decretos amparados en el equilibrio fiscal, distintos fallos judiciales le ordenaron al Estado ejecutar los aumentos previstos.