La Municipalidad del Partido de La Costa demolió las instalaciones del antiguo balneario Macarena, ubicado sobre la avenida Costanera entre las calles 41 y 42 de Santa Teresita, como parte de una política de recuperación de espacios públicos sobre el frente marítimo. Según informó la Comuna, el proceso continuará con el retiro de otros cuatro balnearios para ampliar la superficie de playa disponible para residentes y turistas.
La intervención busca reducir la presencia de construcciones sobre la arena y recuperar sectores del paisaje natural. Se inscribe, además, en una decisión del intendente Juan de Jesús: convertir en playas públicas el 20% de los balnearios cuyas concesiones vencen este año, sin convocar a nuevas licitaciones para esos espacios.
Menos construcciones y más superficie de uso público
De acuerdo con la información municipal, el distrito desarrolla esta política desde hace más de una década, período durante el cual dejó de habilitar nuevos balnearios y avanzó gradualmente en la reducción de las concesiones. El objetivo es acompañar la actividad turística con una mayor disponibilidad de espacios de acceso público y preservar el entorno costero.
La demolición del Macarena constituye una nueva intervención dentro de ese proceso. El retiro de sus instalaciones permitirá liberar superficie en ese sector de Santa Teresita, mientras que las otras cuatro demoliciones anunciadas darán continuidad al ordenamiento del frente marítimo.
La medida sobre los vencimientos de este año profundiza esa orientación, al establecer que una parte de los espacios concesionados no vuelva a incorporarse al circuito de explotación comercial.
El antecedente del balneario Atlántico
La situación de las concesiones también tuvo un capítulo reciente en San Clemente del Tuyú, con el caso del balneario Atlántico. Según precisó el Municipio, su concesión estaba vencida desde abril de 2010 y durante los últimos años se impulsaron actuaciones administrativas y judiciales por incumplimientos y deudas vinculadas al establecimiento.
Entre esas medidas, la Comuna mencionó cinco acciones judiciales de cobro. El caso forma parte de la discusión sobre la regularización de los espacios costeros y el destino de las instalaciones cuyas concesiones dejaron de estar vigentes.