polémica
País
por los fondos universitarios
Multan a Santilli por incumplir la ley universitaria
14:43 | El juez Martín Cormick dispuso sanciones de $100.000 diarios por desobedecer una orden judicial sobre el financiamiento de las universidades. Advirtió que podrá aumentar el monto y extender la medida a otros funcionarios.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, impuso multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por incumplir una orden judicial vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución incorpora una sanción económica al conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con las universidades públicas por los recursos para salarios, becas y funcionamiento del sistema.
La decisión fue adoptada el miércoles 14 de octubre en la causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional. Según informó Ámbito, el magistrado consideró que existía un “incumplimiento verificado” y resolvió hacer efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre.
Las sanciones, denominadas astreintes, buscan forzar el cumplimiento de la resolución judicial. Cormick fijó el monto para una primera etapa y dejó abierta la posibilidad de modificar tanto su valor como la nómina de funcionarios alcanzados, de acuerdo con la evolución del caso.
Una orden judicial que deriva en sanciones económicas
La medida apunta al titular de la Jefatura de Gabinete y establece una consecuencia económica diaria frente a la persistencia del incumplimiento. El juez avanzó así sobre la advertencia previa que había formulado al Ejecutivo en el expediente por el financiamiento universitario.
La posibilidad de ampliar las sanciones agrega presión sobre los funcionarios responsables de ejecutar lo ordenado. El monto de $100.000 diarios no fue establecido como un límite definitivo, ya que la resolución contempla su eventual modificación y la incorporación de otros integrantes del Gobierno.
El reclamo judicial se inscribe en la disputa por la aplicación de la Ley 27.795, que contempla el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.
Una denuncia penal contra Milei y Caputo
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordenó aplicar la ley.
La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si existieron delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También pide que la pesquisa alcance a quienes pudieran haber participado, por acción u omisión, en la falta de ejecución de la resolución.
Según el escrito, la orden judicial exige garantizar la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Solano invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal como posibles encuadres de las conductas denunciadas.
El dirigente calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y sostuvo que el Ejecutivo mantiene una conducta deliberada frente a la orden judicial. En su presentación afirmó, además, que la medida había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que la Corte Suprema había desestimado el recurso extraordinario.
