Zona Fría: buscan frenar en la Justicia el recorte en Mar del Plata

La reforma del régimen de Zona Fría abrió una disputa judicial por el acceso a los subsidios al gas en Mar del Plata. Tras la promulgación de los cambios, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para impedir que las nuevas condiciones reduzcan las bonificaciones que reciben los usuarios del distrito.

La acción fue dirigida contra el Estado nacional, a través de los organismos responsables de la regulación y la política energética, y contra Camuzzi Gas Pampeana. El organismo solicitó una medida cautelar que suspenda las restricciones mientras se analiza el planteo de fondo, con el propósito de mantener las condiciones del beneficio y evitar que su continuidad dependa de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El pedido judicial también incorpora un reclamo de participación: la Defensoría pretende que no se autoricen nuevos cuadros tarifarios sin una audiencia pública previa, para que los usuarios puedan intervenir en las decisiones que repercuten sobre el costo del servicio.

El cuestionamiento a las diferencias entre regiones

Uno de los argumentos centrales de la presentación es que la reforma introduce un trato desigual entre habitantes de zonas con características climáticas similares. Según sostiene la Defensoría, los usuarios marplatenses quedarían sujetos a requisitos patrimoniales para conservar la bonificación, mientras que en la Patagonia el acceso se mantendría de manera automática.

El organismo cuestionó, además, los criterios de exclusión previstos en la Disposición 2/2026, entre ellos la posesión de un vehículo de menos de tres años de antigüedad o la titularidad de tres inmuebles. En este último caso, advirtió que el cómputo separado de una vivienda, una cochera y una baulera podría dejar a un hogar fuera del régimen.

Para la Defensoría, esos parámetros no necesariamente expresan los ingresos disponibles de una familia ni su capacidad para afrontar la factura de gas, por lo que su aplicación puede excluir a usuarios que necesitan el beneficio.

Otro reclamo sobre la formación de las tarifas

La demanda también pidió que se declare inconstitucional el mecanismo que permite trasladar directamente a las facturas el costo de adquisición del gas sin una instancia obligatoria de consulta pública.

La presentación busca así preservar los subsidios y discutir las condiciones bajo las cuales se determinan los importes que pagan los usuarios. Se trata de medidas solicitadas a la Justicia: el material difundido no informa una resolución que haya suspendido la aplicación de los cambios.