Galmarini pide saber qué tierras se vendieron a extranjeros

El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre las operaciones con tierras rurales realizadas durante el período en que estuvo vigente la derogación de la Ley 26.737. La iniciativa busca identificar transferencias a personas extranjeras, las superficies involucradas, los precios declarados y posibles operaciones que hayan excedido los límites establecidos por esa normativa.

El pedido se enmarca en la decisión de la Corte Suprema del 9 de octubre de 2026, que dispuso la suspensión interina de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. Frente a ese cambio, el legislador pretende conocer qué compraventas se concretaron y cuál es la situación de la titularidad extranjera de tierras rurales en el país.

La pregunta por las operaciones en esos diez días
En sus redes sociales, Galmarini puso el foco en el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, a partir de su lectura de las decisiones judiciales sobre la norma.

“El 29/9 la Corte dejó firme la derogación de la Ley de Tierras. El 9/10, la misma Corte la suspendió. Durante 10 días, un extranjero pudo comprar campos, costas de lagos o tierras de frontera sin ningún límite. ¿Qué pasó en esos 10 días?”, planteó.

El diputado aclaró que “no es una pregunta retórica” y reclamó información que permita determinar si hubo operaciones pendientes que se concretaron durante ese lapso.

“¿Había operaciones frenadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales esperando que cayera la ley? ¿Alguna se escrituró en esa ventana? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Quién compró?”.
Esos interrogantes constituyen el eje del pedido de informes: el material presentado no acredita que esas operaciones hayan existido, sino que solicita al Gobierno los datos necesarios para establecerlo.

Zonas estratégicas, agua y fronteras
El proyecto requiere especial atención sobre transferencias que involucren zonas estratégicas, recursos hídricos y áreas de seguridad de frontera, y propone un plazo de 30 días para que el Ejecutivo entregue la información.

Además de identificar compradores y superficies, Galmarini busca conocer si existían trámites pendientes y si alguno avanzó durante el período señalado.
“Tanto ir y venir no es gratis. ¿Hubo alguna operación concreta esperando que se abriera la puerta? ¿Alguien sabía que esos 10 días iban a existir?”.

Con la presentación, el diputado trasladó sus preguntas al ámbito parlamentario y reclamó documentación oficial para determinar si los cambios en la situación de la Ley de Tierras tuvieron consecuencias concretas sobre la propiedad rural.