La Suprema Corte bonaerense presiona por su autarquía y exige cubrir las cuatro vacantes en el máximo tribunal

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a mover sus fichas para obtener el manejo de su propio presupuesto. El máximo tribunal envió a la Cámara de Diputados una nota para que se avance en la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, una iniciativa que había anunciado en abril.

Fuentes legislativas indicaron que no se trata formalmente de un proyecto de ley, sino de una misiva que solicita que el tema sea tomado por un legislador o por el Ejecutivo para iniciar su tratamiento. El movimiento se da justo antes de que el gobierno de Axel Kicillof envíe a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027, debate en el que la Corte quiere colar su reclamo histórico.

En paralelo, el tribunal emitió dos resoluciones más: una para pedirle al Ejecutivo y al Legislativo la creación de más de 60 juzgados, tribunales y cámaras, y la designación de magistrados en organismos que ya existen por ley pero no funcionan; y otra para ampliar en 40 cargos el Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Un tribunal con tres integrantes

El trasfondo del reclamo es la desintegración del propio cuerpo. La Corte funciona hoy con apenas tres miembros activos sobre siete: el presidente Sergio Torres, el vicepresidente Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan.

Torres hizo un repaso de las vacantes: la primera se abrió con la muerte de Héctor Negri en 2020, luego le siguieron los fallecimientos de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y la renuncia de Luis Genoud.

"Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado", había dicho en el acto de anuncio, acompañado por Soria, Kogan y el procurador Julio Conte Grand.

Según detalló, pasaron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde que la Corte quedó sin poder funcionar por sí sola. Recordó que el artículo 146 de la Constitución provincial obliga al Ejecutivo a enviar un candidato al Senado dentro de los 15 días de producida la vacante, incluso convocando a extraordinarias si es necesario. "Fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos", cuestionó.

Las consecuencias son operativas: la tarea pensada para siete jueces la hacen tres. Como el quórum y las mayorías exigen cuatro votos, la Corte debe completar su integración con jueces ad hoc, empezando por el presidente del Tribunal de Casación Penal. Eso, advirtió Torres, genera "mayor dependencia", demoras y dificultades para reunir acuerdos.

"Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho", sentenció.

El presidente del cuerpo también señaló que la crisis de vacantes afectó a todo el sistema: en algún momento llegaron a 700 cargos sin cubrir. Destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones y pidió sostener ese ritmo en 2026 para cubrir los más de 200 puestos que siguen pendientes.

La rosca política detrás

El gobernador Kicillof había dado su versión en abril, al inaugurar el Polo Judicial de Olavarría: "Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos".

Desde la oposición, sin embargo, apuntan a la interna del peronismo. Sostienen que Kicillof debería acordar al menos dos de los cuatro nombres con los sectores de Cristina Kirchner y Sergio Massa, mientras que los otros dos quedarían para repartir entre radicalismo, PRO y La Libertad Avanza.