disputa por la ley de tierras
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Soberanía bajo la lupa: Diputados retoma el debate del proyecto oficial tras el revés judicial por la Ley de Tierras
07:45 | El plenario de comisiones vuelve a reunirse este martes a las 15.30 con una larga lista de expositores opositores. La discusión quedó cruzada por el fallo de la Corte Suprema que habilitó la venta de tierras a extranjeros.
La Cámara de Diputados reanudará este martes el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, en un contexto marcado por el fallo de la Corte Suprema que revocó la medida que frenaba la venta de tierras a empresarios extranjeros.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15.30, luego de que la reunión de la semana pasada terminara de forma abrupta por el cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.
La jornada será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares de La Libertad Avanza, Juliana Santillán (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).
Segunda ronda de expositores
En esta segunda reunión informativa expondrán especialistas propuestos por las diferentes bancadas, con fuerte presencia de voces opositoras.
Entre los invitados figuran el ex ministro kirchnerista Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio David Angueira, Jerónimo Guerrero Iraola del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Daniel Guzmán del Observatorio Malvinas, Paula Litvachky del CELS y los letrados de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.
También fueron convocados Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la UBA; Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval VGM y presidente de la Liga Naval Argentina, y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).
Qué propone el proyecto del Gobierno
El oficialismo busca reemplazar la actual Ley 26.659 y endurecer el marco punitivo por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Los puntos centrales son:
Malvinas y recursos: Las prohibiciones ya no alcanzarán solo a los hidrocarburos, sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos renovables y no renovables. Se prevén penas de hasta 20 años de prisión por la explotación o la cooperación para la explotación y la inhabilitación para operar en el país.
Registro de infractores y juicio en ausencia: Se creará un registro público de infractores y se prohibirá al Estado y a particulares contratar con los inscriptos. Además, se incorpora la figura de juicio en ausencia para los delitos previstos en la ley.
Consejo de Seguridad Nacional: La iniciativa crea un Consejo encabezado por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Tendrá a su cargo la coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y la protección de infraestructuras críticas.
Este Consejo podrá disponer medidas urgentes ante amenaza grave e inminente, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso.
Financiamiento político y terrorismo: Se prohíben aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas. Se incorporan delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas y realizar acciones con financiamiento extranjero destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Defensa e interior y financiamiento del terrorismo: El proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interior ante amenazas externas estatales y no estatales. Además, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades vinculadas al terrorismo.
