Berni propone limitar la extranjerización del suelo bonaerense

El senador provincial Sergio Berni presentó un proyecto de ley para limitar la extranjerización de las tierras rurales bonaerenses y reforzar la protección de zonas vinculadas con el agua, la producción de alimentos y los recursos naturales. La propuesta establece un régimen provincial de control sobre la propiedad, posesión o tenencia de esos inmuebles, con restricciones tanto a escala provincial como municipal.

Denominada “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, la iniciativa plantea un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera sobre la superficie rural de la provincia y de cada municipio. Además, dispone que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% de ese cupo y establece un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo, retomando parámetros de la Ley Nacional 26.737.

“La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las próximas generaciones”, sostuvo Berni, quien reclamó que Buenos Aires ejerza sus facultades para defender el territorio ante la ausencia de límites nacionales.

La presentación se inscribe en el escenario abierto por la decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto, por una cuestión de legitimación procesal, el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley de Tierras Rurales. Según los antecedentes expuestos en la iniciativa, esa resolución dejó nuevamente operativa la derogación, aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.

Límites provinciales y diferencias entre municipios

Los fundamentos del proyecto citan datos del Registro Nacional de Tierras Rurales que contabilizan 834.421 hectáreas en manos extranjeras en Buenos Aires, equivalentes al 2,89% de su superficie rural. Sin embargo, ese promedio provincial convive con una distribución territorial desigual: el porcentaje alcanza el 24,8% en Zárate y el 50,2% en Campana.

La propuesta también prevé una protección especial para inmuebles vinculados con cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar, entre otros espacios considerados estratégicos.

“No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia”, afirmó Berni. En ese sentido, vinculó la defensa del territorio con la capacidad de decidir el modelo productivo y de desarrollo bonaerense.

Para fundamentar la intervención provincial, el texto invoca el artículo 124 de la Constitución Nacional, referido al dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, y el artículo 28 de la Constitución bonaerense, que establece responsabilidades de preservación, conservación y aprovechamiento racional del ambiente y los recursos.

Un registro para controlar quién está detrás de las compras

Entre los instrumentos previstos, el proyecto crea un Registro Provincial de Tierras Rurales, encargado de fiscalizar el cumplimiento del régimen y emitir certificados de habilitación. También incorpora mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, con el objetivo de evitar que las restricciones sean eludidas mediante estructuras societarias o titulares interpuestos.

“Proteger nuestro territorio no es cerrar la Provincia a la inversión ni discutir el derecho a la propiedad. Es establecer reglas claras para que ningún interés económico pueda estar por encima de la soberanía, del cuidado de nuestros recursos estratégicos y de los intereses de los bonaerenses”, expresó el legislador.

En paralelo, Berni presentó un proyecto de declaración para manifestar preocupación por el fallo de la Corte y reclamar a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo del DNU. Con ambas iniciativas, busca impulsar una respuesta legislativa provincial y un pronunciamiento político frente a la eliminación de las restricciones nacionales a la extranjerización de tierras rurales.