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LLA exige a Kicillof que solicite fuerzas federales
14:40 | Diputados libertarios reclamaron que la Provincia gestione el despliegue en las zonas más afectadas por el delito. Cuestionaron la respuesta del gobierno bonaerense y sostuvieron que las diferencias políticas no pueden impedir la coordinación con Nación.
Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza renovaron su presión sobre Axel Kicillof para que solicite al Ministerio de Seguridad de la Nación el despliegue de fuerzas federales en los distritos que, según advirtieron, atraviesan una situación crítica de inseguridad. El bloque reclamó que el Ejecutivo provincial recurra a las herramientas previstas en la Ley de Seguridad Interior y concentre los refuerzos en las zonas con mayores niveles de violencia.
“La responsabilidad en materia de seguridad corresponde al Gobierno provincial, no puede relativizarse ni diluirse cuando amplias zonas atraviesan niveles críticos de violencia y criminalidad”, plantearon los legisladores, quienes exigieron utilizar “todas las herramientas disponibles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”.
El reclamo apunta a que la administración bonaerense formalice el pedido de asistencia nacional y coordine un despliegue que complemente la actuación de las fuerzas provinciales. Desde la bancada libertaria sostuvieron que Kicillof no tiene “una razón válida para renunciar a esa herramienta por diferencias políticas, disputas jurisdiccionales o especulaciones partidarias”.
El mecanismo que invocan los diputados
La solicitud se apoya en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, que contempla el empleo de fuerzas nacionales ante determinados supuestos de gravedad, entre ellos el peligro colectivo para la vida, la libertad y el patrimonio de la población. En esas circunstancias, la norma habilita al gobernador a requerir la asistencia del Ministerio de Seguridad, con la intervención correspondiente del Comité de Crisis.
“Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional”, argumentaron desde LLA. De ese modo, los diputados colocaron sobre el Ejecutivo bonaerense la responsabilidad de activar el pedido y rechazaron que las diferencias entre ambas administraciones funcionen como un obstáculo.
La Matanza, en el centro del planteo
Para fundamentar la solicitud, los legisladores citaron estadísticas que atribuyeron al Ministerio Público bonaerense y pusieron el foco en La Matanza, donde señalaron una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, presentada por el bloque como la más alta de la provincia.
Según los datos invocados, los departamentos judiciales del Conurbano, La Plata y Mar del Plata registraron en conjunto una tasa de 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que en el interior fue de 2,6. Los diputados utilizaron esa diferencia para reclamar que los recursos federales se destinen prioritariamente a los territorios con mayor incidencia delictiva.
“La seguridad no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión”, expresaron, al insistir en la necesidad de una respuesta coordinada.
Un nuevo capítulo de la disputa con Kicillof
El pedido se inscribe en una confrontación política que tuvo uno de sus momentos más duros en febrero de 2025, después del crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata. En aquel contexto, Javier Milei exigió la renuncia de Kicillof y planteó dejar que su gobierno interviniera la provincia de Buenos Aires.
La solicitud actual de los diputados se concentra en el despliegue de fuerzas de seguridad nacionales mediante un requerimiento del propio gobierno bonaerense. El bloque defendió esa cooperación como una herramienta para reforzar la respuesta frente al delito y sostuvo que recurrir a ella no supone resignar las atribuciones provinciales.
“Los ciudadanos tienen derecho a vivir, trabajar, circular y ejercer su libertad sin estar permanentemente expuestos al delito”, afirmaron los legisladores. Su reclamo cerró con una exigencia dirigida a la gestión de Kicillof: “Recuperar el control territorial y garantizar condiciones básicas de seguridad debe ser una prioridad, la cooperación no implica resignar competencias: implica actuar con responsabilidad”.
