El presidente del bloque de senadores bonaerenses del PRO, Pablo Petrecca, presentó dos proyectos de ley para que los recursos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Transporte Escolar Rural se actualicen de manera automática. Las iniciativas buscan evitar que la inflación deteriore el financiamiento de dos prestaciones que inciden directamente en la alimentación y la asistencia a clases.
El planteo del exintendente de Junín consiste en establecer mecanismos específicos para cada servicio, de modo que las partidas acompañen la evolución de sus costos. La previsibilidad presupuestaria aparece como uno de los objetivos centrales de ambas propuestas.
Un ajuste trimestral para la alimentación escolar
Para el SAE, Petrecca propone una actualización automática cada tres meses, con un porcentaje que no sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires.
Ese indicador funcionaría como piso para ajustar los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes. Con ese mecanismo, la iniciativa apunta a evitar que las partidas pierdan capacidad de compra entre una actualización y la siguiente.
Una fórmula para sostener los traslados rurales
El segundo proyecto establece una actualización periódica de la asistencia financiera al Transporte Escolar Rural, tomando como referencia la estructura de costos por kilómetro.
La fórmula contempla componentes como combustible, neumáticos, mantenimiento, salarios, seguros e impuestos, entre otras variables que intervienen en la prestación. A diferencia del esquema previsto para el SAE, el ajuste estaría vinculado con los gastos específicos que demanda mantener los recorridos.
La propuesta busca reducir el desfasaje entre las partidas asignadas y el costo real del servicio, una cuestión especialmente relevante para estudiantes de zonas rurales cuyo acceso a la escuela depende de esos traslados.
Ambos proyectos deberán ser debatidos en la Legislatura bonaerense. De prosperar, establecerían mecanismos automáticos de actualización para dar mayor previsibilidad al financiamiento de la alimentación escolar y el transporte rural.