Alonso negó un “baño de sangre” y apuntó contra Milei

El ministro de Seguridad bonaerense atribuyó las críticas a una estrategia del Gobierno nacional frente a su caída en las encuestas. Defendió los indicadores de homicidios y reclamó recursos y coordinación para combatir el narcotráfico.

Javier Alonso rechazó que la provincia de Buenos Aires atraviese un “baño de sangre” y acusó al Gobierno nacional de promover esa caracterización para desplazar el debate sobre la situación económica. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que existe una amplificación mediática de hechos delictivos y contrapuso ese tratamiento con las estadísticas que, según afirmó, muestran una reducción de los homicidios y otros delitos complejos.

“Hay una necesidad del Gobierno de instalar el problema de la inseguridad porque ha caído mucho en las encuestas”, expresó el funcionario al responder a los cuestionamientos de dirigentes opositores. Alonso reconoció la gravedad de los episodios de violencia, pero rechazó que permitan describir por sí solos la evolución del delito en el territorio provincial.

“Como en cualquier sociedad, el delito existe”, señaló, y mencionó homicidios, robos y tiroteos sobre los que debe intervenir el Estado. En ese marco, aseguró que la gestión bonaerense trabaja para reducir los índices y citó datos de la Procuración General provincial para respaldar su posición.

Los números que presentó el ministro

Alonso afirmó que durante el año pasado se registraron 86 homicidios en ocasión de robo, una cifra que calificó como una de las más bajas de la historia provincial. Según explicó, ese indicador continúa descendiendo durante 2026, mientras que el total de homicidios se mantiene estable respecto del año anterior.

También sostuvo que Buenos Aires registra una tasa de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes, que ubicó por debajo de las de Uruguay y Chile. “Esto nos pone en un lugar de privilegio”, manifestó, y atribuyó esos resultados al trabajo de la Policía bonaerense, el Gobierno provincial, jueces, fiscales y los 135 intendentes.

La defensa de esos indicadores estuvo acompañada por una lectura política: el ministro vinculó la discusión sobre seguridad con las dificultades económicas y acusó a la Nación de intentar desviar la atención del endeudamiento de los hogares, los problemas para llegar a fin de mes y el cierre de empresas. En ese contexto, sostuvo que el 30% de los trabajadores endeudados se encuentra en situación de mora.

Narcotráfico y reclamo de coordinación

El funcionario endureció sus cuestionamientos al referirse a la lucha contra el narcotráfico, al que definió como el principal problema de la Provincia. Como ejemplo de las fallas que atribuye al control nacional, mencionó la detención de un hombre señalado como líder narco de la Villa 31 que, según relató, había sido condenado y expulsado del país, pero volvió a ser localizado en la Ciudad de Buenos Aires.

“Las fronteras no existen”, afirmó Alonso, quien reclamó mayores recursos y coordinación. A la vez, destacó el trabajo con la Justicia federal y provincial y mencionó la implementación del sistema acusatorio federal en territorio bonaerense desde el 21 de septiembre, orientado a agilizar las investigaciones.

En materia penitenciaria, aseguró que desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof se incorporaron 18.000 presos al sistema bonaerense. Dentro de ese período, precisó que 8.365 ingresaron desde su llegada al ministerio en 2023 y contrastó esa cifra con alrededor de 1.000 incorporaciones al sistema federal en todo el país.

El ministro también afirmó que Kicillof envió más de 20 cartas al presidente para solicitar una reunión y volvió a cuestionar la interrupción de transferencias nacionales. “Nos dejan solos, nos sacaron 27.000 millones de dólares”, expresó, al dimensionar los recursos que, según su planteo, dejó de recibir Buenos Aires.

Sobre el cierre, retomó la expresión “baño de sangre” para contraponerla con el operativo de la peregrinación a Luján. Según informó, no hubo incidentes de seguridad y se realizaron 86 derivaciones hospitalarias entre más de 2,7 millones de participantes. Lo ocurrido, sostuvo, fue “un baño de esperanza y un baño de fe”, frente al escenario que acusó a medios afines al Gobierno de promover.