AySA: la pelea por la privatización llega a la Corte bonaerense

La disputa judicial por las condiciones de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) llegará a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concediera un recurso presentado por el defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino. El tribunal deberá analizar si correspondía remitir la causa a la Justicia Federal.

El expediente se originó en un planteo de la Defensoría para evitar que la reestructuración de la empresa derive en una reducción de sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y las inversiones necesarias para garantizar el servicio. El reclamo también comprende los pasivos ambientales y los problemas estructurales del sistema.

La intervención de la Suprema Corte se concentrará ahora en la discusión sobre la competencia judicial, un punto distinto del reclamo de fondo por las condiciones de prestación del servicio durante el proceso de privatización.

La protección sobre las obras y el servicio

En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría y ordenado a AySA abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura. La protección alcanzó a 26 municipios bonaerenses.

Posteriormente, la Cámara confirmó esa medida y estableció que la empresa debía abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” las obligaciones asumidas en materia de agua potable, salud pública, ambiente sano y adecuada prestación del servicio, hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.

Sin embargo, al mismo tiempo consideró que el expediente debía continuar en el fuero federal. Esa decisión fue cuestionada por Lorenzino mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya admisibilidad fue reconocida por la Cámara.

Qué deberá revisar la Suprema Corte

En la resolución del 2 de octubre, los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez señalaron que la presentación se realizó dentro del plazo correspondiente y cumplía los requisitos legales para su tratamiento.

Los magistrados consideraron que la decisión sobre la competencia podía ser equiparada a una sentencia definitiva a los efectos del recurso, debido a que implicaba trasladar el expediente a una jurisdicción extraprovincial. “El pronunciamiento apelado reviste la condición de definitivo”, indicaron al fundamentar la concesión.

También destacaron que el litigio no tiene un monto susceptible de apreciación económica y que, por tratarse de una presentación del Defensor del Pueblo, no correspondía exigir el depósito previsto para otros recursos.

Con esa resolución, quedó habilitada la revisión de la Suprema Corte bonaerense sobre el envío de la causa al fuero federal, mientras el conflicto de fondo continúa centrado en las obligaciones que deberá cumplir AySA respecto de las obras, las inversiones y el acceso al servicio.