Excombatientes marcharán a la Corte en defensa de la Ley de Tierras

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata encabezará el martes 6 de octubre una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia para rechazar la resolución que volvió a habilitar la derogación de la Ley de Tierras. La concentración comenzará a las 15 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria apunta contra la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que desestimaron la acción promovida por la organización contra el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese apartado del decreto de Javier Milei derogó la Ley 26.737, que desde 2011 establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

El CECIM había presentado un amparo ante la Justicia Federal y obtenido un pronunciamiento favorable de la Cámara Federal de La Plata, que declaró inconstitucional ese artículo y mantuvo frenada la derogación. Sin embargo, la Corte revirtió esa decisión al considerar que la organización no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva en los términos planteados.

Una decisión procesal con consecuencias sobre las tierras

El máximo tribunal no resolvió si la derogación de la ley mediante un decreto presidencial es constitucional, sino que circunscribió su decisión a quién estaba habilitado para presentar el reclamo. El resultado fue que quedó sin efecto el pronunciamiento que impedía aplicar la derogación.

Ante las repercusiones, los integrantes de la Corte difundieron una aclaración en la que sostuvieron: “La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”. También señalaron que la resolución no impide la presentación de nuevas acciones por parte de otras personas u organizaciones.

La norma derogada fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental, además de restricciones sobre determinados territorios y recursos naturales. La eliminación de ese régimen volvió a abrir una discusión sobre el control del territorio y las herramientas estatales para regular su adquisición.

La Legislatura bonaerense busca una respuesta propia

En la provincia de Buenos Aires, legisladores de distintos bloques presentaron un repudio al fallo y advirtieron sobre sus consecuencias. “La tierra rural no constituye únicamente un activo económico”, expresaron en el documento, en el que vincularon su regulación con la producción agropecuaria, el ordenamiento territorial y la protección de los recursos naturales.

La presentación reunió el respaldo de Facundo Tignanelli y otros integrantes del peronismo, entre ellos Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Rubén Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro y Viviana Guzzo. También acompañaron Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, de Nuevos Aires; Martín Rozas, de Unión y Libertad; Andrés De Leo y Romina Braga, de la Coalición Cívica, y Alejandra Lordén, de la UCR.

En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense trabaja sobre una propuesta unificada a partir de dos proyectos del oficialismo para establecer un régimen provincial de acceso de extranjeros a las tierras rurales. Esa iniciativa busca construir una herramienta propia frente al escenario abierto por la resolución judicial, mientras los excombatientes llevarán su reclamo a las puertas de la Corte.