Legisladores de cinco bloques de la Cámara de Diputados bonaerense expresaron este jueves su rechazo a la derogación de la Ley de Tierras y promovieron un proyecto de declaración que reúne a representantes de Nuevos Aires, Unión por la Patria, Unión y Libertad, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. El pronunciamiento fue difundido como una respuesta al fallo de la Corte Suprema vinculado con esa normativa y puso el foco en la protección del territorio y de los recursos naturales.
Los diputados cuestionaron la derogación de la Ley Nacional 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, dispuesta mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional.
Preocupación por los recursos estratégicos
El planteo de los legisladores advierte sobre la eliminación de límites y mecanismos de control para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Dentro de ese cuestionamiento, señalaron especialmente la situación de los territorios vinculados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas de particular relevancia territorial.
La iniciativa reunió a espacios con diferencias políticas que coincidieron en manifestar su preocupación por las consecuencias de la derogación. El material difundido da cuenta de un proyecto de declaración y de sus autores, sin informar que haya sido aprobado por el pleno de la Cámara.
Un rechazo que cruza bloques
Por Nuevos Aires, el proyecto tiene entre sus autores a Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, mientras que por Unión por la Patria figuran Facundo Tignanelli, Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Rubén Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro y Viviana Guzzo, entre otros legisladores.
También participan Martín Rozas, de Unión y Libertad; Andrés De Leo y Romina Braga, de la Coalición Cívica, y Alejandra Lordén, de la UCR. Esa composición le da al pronunciamiento un alcance que excede a una sola bancada y expresa una coincidencia alrededor de la necesidad de preservar controles sobre la propiedad rural y los territorios asociados a recursos estratégicos.