Piden una tregua fiscal de 180 días para las pymes bonaerenses

La situación financiera de las pequeñas y medianas empresas llegó a la Cámara de Diputados bonaerense con una iniciativa que reclama suspender durante 180 días los bloqueos de cuentas bancarias y las ejecuciones fiscales. La propuesta fue presentada por la legisladora radical Priscila Minnaard, quien pidió que el gobernador Axel Kicillof intervenga ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para gestionar una tregua que permita sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo.

En los fundamentos, la diputada advirtió que las micro y pequeñas empresas enfrentan una situación de “asfixia financiera”, atravesada por las dificultades para sostener las ventas y afrontar los costos operativos. Según explicó, la falta de liquidez obliga a algunos establecimientos a postergar sus obligaciones tributarias para priorizar el pago de salarios y los compromisos con proveedores locales, pero las medidas de cobro terminan agravando ese escenario.

“Lejos de ofrecer un marco de sostenimiento o tolerancia temporal, el organismo recaudador nacional automatizó los bloqueos de cuentas bancarias y activos comerciales a los pocos días de registrarse una mora”, sostuvo Minnaard. La legisladora citó relevamientos de entidades empresarias basados en información de ARCA que, según consignó, ubican entre el 75% y el 92% la proporción de esas medidas cautelares que recae sobre micro y pequeñas empresas.

Un reclamo que también alcanza a la Provincia

La iniciativa advierte que el congelamiento de las cuentas puede interrumpir la cadena de pagos, impedir operaciones comerciales cotidianas y comprometer el cumplimiento de los salarios, con el riesgo de empujar a las empresas hacia la informalidad o el cierre. Por eso, además de la suspensión temporal de las medidas, solicita planes de pago viables para regularizar las obligaciones pendientes.

El planteo también incluye un pedido al gobierno bonaerense para que evalúe herramientas de alivio sobre los tributos provinciales. “Entendemos que la provincia de Buenos Aires debe predicar con el ejemplo”, expresó Minnaard, quien consideró necesario otorgar una respuesta integrada a las pymes que sostienen la actividad económica de los municipios.

El antecedente de San Martín

El reclamo legislativo se suma a medidas adoptadas en General San Martín, donde el Concejo Deliberante aprobó una emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas hasta el 31 de diciembre. La ordenanza, impulsada por el intendente Fernando Moreira, amplía el Plan de Alivio Fiscal del distrito y dispone la suspensión de acciones judiciales en curso y del inicio de nuevos juicios por deudas de las empresas con el municipio.

La decisión también contempla un Comité de Crisis integrado por representantes municipales, cámaras empresarias, sindicatos y la Universidad Nacional de San Martín, encargado de analizar la situación productiva y proponer respuestas. Al fundamentar la medida, Moreira advirtió sobre cifras críticas de cierre de pymes, desempleo y utilización de la capacidad industrial, que, según señaló, se encuentra por debajo del 50% en el distrito.