Los diputados provinciales Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone endurecer los controles sobre las apuestas en línea, prevenir la ludopatía y establecer herramientas específicas contra los operadores ilegales. La iniciativa combina requisitos de identificación, límites de uso, restricciones a la publicidad y un esquema de aportes económicos destinados a la atención de las personas afectadas y al fortalecimiento de instituciones comunitarias.
Entre las medidas previstas, las plataformas deberían exigir una verificación facial en cada inicio de sesión, limitar a 60 minutos el tiempo de navegación continua y bloquear el ingreso después de tres accesos diarios. El texto también contempla una opción directa de autoexclusión y la posibilidad de que familiares o el Ministerio Público soliciten una inscripción judicial ante situaciones graves de ludopatía.
“Apostar no es un juego”
Uno de los ejes del proyecto es modificar las condiciones bajo las cuales se promociona la actividad. La propuesta prohíbe la publicidad de apuestas en la vía pública y en piezas dirigidas a menores de edad, además de los bonos y las promociones de apuestas gratuitas, al considerar que esos mecanismos favorecen la captación de usuarios.
También busca impedir que las empresas utilicen la palabra “juego” o recursos visuales y simbólicos que presenten las apuestas como una alternativa recreativa, e incorpora la obligación de incluir la advertencia “Apostar no es un juego”.
“Vienen generando un daño muy grande desde hace mucho tiempo, creemos que es necesario regularlas, controlarlas y hacer que empiecen a pagar. Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, sostuvo Tignanelli al fundamentar la iniciativa.
Una fiscalía contra los operadores clandestinos
El proyecto impulsa la creación de la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, dentro de la Procuración General, con atribuciones para investigar de oficio y disponer medidas cautelares en un plazo de seis horas. Entre ellas figuran el bloqueo de plataformas, el cese de operaciones y la suspensión de procesadores de pago.
La intervención alcanzaría también a firmas radicadas fuera de la provincia cuando orienten su actividad al territorio bonaerense. Además, la propuesta prevé la revocación inmediata de la licencia de los operadores ante la detección de apuestas realizadas por menores de edad.
Fondos para salud mental y organizaciones comunitarias
En el plano económico, la iniciativa establece que el total del gasto publicitario de las empresas se destine a fondos de salud mental, con una distribución que otorgue a los municipios el 70% de los ingresos por ese concepto. A su vez, propone un aporte del 3% sobre los premios liquidados: el 85% de lo recaudado se dirigiría a obras e infraestructura de clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales y espacios de jubilados, mientras que el 15% restante financiaría becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.
El sistema de becas excluiría a quienes mantengan contratos comerciales con casas de apuestas. Asimismo, el texto exige capitales íntegramente nacionales para las nuevas licenciatarias y plantea que los operadores extranjeros mantengan sus fondos inmovilizados en la provincia durante un mínimo de seis meses.
Tignanelli vinculó la presentación con el impacto económico y social de la actividad y aseguró que una parte sustancial de sus utilidades se gira al exterior. “Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, afirmó. La propuesta deberá transitar el debate legislativo para convertirse en ley.