El Partido Justicialista lanzó un duro pronunciamiento contra la Corte Suprema por el fallo vinculado con la derogación de la Ley de Tierras y denunció que sus consecuencias comprometen la soberanía nacional. Bajo el título “Tres jueces pusieron la Argentina en venta”, el documento apuntó contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a quienes responsabilizó por una decisión que, según sostuvo, favorece la política del gobierno de Javier Milei sobre el territorio argentino.
El comunicado rechazó que la resolución pueda explicarse únicamente por sus fundamentos jurídicos y la caracterizó como la adopción de “un criterio político de una enorme gravedad institucional”. En particular, cuestionó que se negara la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata —CECIM— para sostener el reclamo judicial.
La soberanía, en el centro del rechazo
En su lectura del fallo, el justicialismo sostuvo que el tribunal desconoció la soberanía como bien jurídico susceptible de defensa mediante esa presentación. Esa interpretación constituye uno de los ejes políticos del documento, que atribuye a los magistrados responsabilidad por las consecuencias de haber revocado el freno judicial a la derogación.
La resolución se centró en la legitimación del CECIM para presentar la demanda y no se pronunció sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. El PJ, sin embargo, puso el foco en sus efectos sobre la protección de las tierras y denunció que la decisión avanza a pesar del rechazo expresado en las calles y en el Congreso.
“El deseo y la voluntad del gobierno de Javier Milei de entregar la soberanía y el patrimonio nacional encontró en tres personajes los cómplices necesarios del desfalco a la Nación”, afirmó el partido, en uno de los pasajes más fuertes de su pronunciamiento.
Un llamado a responder en las calles y en las urnas
Para el justicialismo, la intervención de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti constituye un antecedente grave para la defensa del territorio. El documento remarcó que “la tierra no es solo un recurso natural sino una dimensión estratégica del territorio nacional y de nuestro patrimonio”, y vinculó su protección con los intereses de la Nación.
El comunicado cerró con una convocatoria que excede el repudio institucional: llamó a dirigentes, militantes y ciudadanos a organizar una respuesta política para revertir la situación “en la calle, en el Congreso y en las urnas”.