Proponen anular fotomultas de radares que incumplan las reglas

El funcionamiento de los radares y la validez de las fotomultas quedaron en el centro de una propuesta presentada en la Legislatura bonaerense. El diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo impulsó un proyecto de ley para modificar las condiciones de instalación y funcionamiento de los dispositivos de control de tránsito, con mayores exigencias técnicas, información pública y la nulidad de las infracciones cuando se incumplan las pautas obligatorias de señalización.

“Basta de radares tramposos. Los controles tienen que prevenir, no recaudar”, sostuvo el legislador al presentar la iniciativa, que busca establecer una finalidad estrictamente preventiva para la fiscalización y respaldar su funcionamiento con controles periódicos y criterios técnicos.

La propuesta apunta a modificar la Ley 13.927 e incorpora requisitos para los cinemómetros —equipos que permiten medir la velocidad de los vehículos— y otros sistemas de detección de infracciones, tanto en zonas urbanas como rurales de la provincia de Buenos Aires.

Carteles visibles y reducciones graduales de velocidad

Uno de los principales ejes del proyecto es la señalización previa a los controles. De acuerdo con el texto difundido, los radares deberán estar advertidos mediante cartelería visible y uniforme, ubicada al menos 500 metros antes del punto de medición, de manera que los conductores cuenten con información anticipada sobre la fiscalización.

También deberá estar claramente indicado el límite de velocidad vigente y, en aquellos tramos donde corresponda reducirlo, las modificaciones tendrán que realizarse de manera gradual y progresiva. La propuesta vincula estas exigencias con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y dar previsibilidad a quienes circulan.

El incumplimiento de las pautas obligatorias de señalización, según plantea De Leo, deberá generar la nulidad de las actas y de las fotomultas correspondientes. Se trata de una disposición incluida en el proyecto presentado, cuya aplicación dependerá de su aprobación legislativa.

Revisiones cada seis meses y un registro público

La iniciativa también busca reforzar la supervisión del funcionamiento de los equipos. Los cinemómetros deberán contar con la homologación correspondiente y someterse a verificaciones metrológicas y técnicas con una periodicidad máxima de seis meses, para controlar las condiciones en las que realizan las mediciones.

A estas exigencias se suma la obligación de mantener actualizado un registro público que permita consultar la ubicación de cada radar, su número de serie, la autorización de emplazamiento y las certificaciones vigentes. La medida apunta a que la información sobre los dispositivos y su habilitación esté disponible para la ciudadanía.

Para los equipos que ya se encuentran instalados, el proyecto contempla un plazo de 90 días para su adecuación a las nuevas exigencias, tarea que asigna a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.

“Los controles de velocidad son necesarios, pero deben funcionar como verdaderos instrumentos de prevención”, expresa De Leo en los fundamentos de la propuesta. En esa línea, el legislador remarca que “la tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad vial, con reglas claras, transparencia y controles que permitan garantizar que cada radar esté donde realmente hace falta”.