Zona Fría: piden explicar qué pasará con los fondos tras el recorte

La modificación del Régimen de Zona Fría sumó un reclamo ciudadano que pone bajo discusión tanto el impacto sobre las facturas de gas como el destino de los recursos que financian el sistema. Ignacio Alberto Zavaleta, vecino de Laguna Alsina, en el partido de Guaminí, presentó un pedido de intervención ante la Defensoría del Pueblo bonaerense y convocó a los 22 Concejos Deliberantes de la Sexta Sección Electoral a pronunciarse por la continuidad del beneficio.

Según sostiene la presentación, la reforma dejó fuera del régimen a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires y afecta a más de 1,24 millones de hogares bonaerenses. Frente a ese escenario, solicita que la Defensoría otorgue prioridad al planteo y evalúe la promoción o adhesión a acciones judiciales colectivas, ante los incrementos que podrían afrontar los usuarios alcanzados por el recorte.

En el ámbito municipal, la propuesta busca que los cuerpos deliberativos aprueben declaraciones o resoluciones de adhesión al reclamo por la restitución del régimen y exhorten a los legisladores provinciales y nacionales de la sección a intervenir en defensa de tarifas justas para el interior bonaerense.

Qué se recauda y a dónde va

Uno de los puntos centrales del planteo es el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El anexo técnico de la presentación señala que su financiamiento proviene de un recargo de alcance nacional, mientras que los beneficios se aplican sobre territorios determinados, y pide conocer cómo se reorganizará esa relación después de la reducción de beneficiarios.

El documento cita el artículo 75 de la Ley 25.565, que contempla un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. A partir de ese mecanismo, reclama información sobre la alícuota efectivamente aplicada, el volumen de recaudación, los montos destinados al régimen y el destino de los eventuales excedentes.

La iniciativa no denuncia un uso irregular de los recursos, sino que exige documentación pública que permita establecer cuánto dinero ingresa al Fondo, qué compromisos permanecen pendientes, qué otras compensaciones se financian y cuál es el saldo disponible. El argumento es que una disminución sustancial de los beneficiarios debería estar acompañada por una explicación verificable sobre las necesidades financieras que subsisten.

En ese marco, también solicita esclarecer si existe alguna vinculación financiera, presupuestaria, regulatoria o patrimonial entre los recursos que pudieran quedar liberados y las obligaciones pendientes del sistema eléctrico, incluidas las relacionadas con CAMMESA, Edenor y Edesur. El propio anexo aclara que los elementos mencionados no permiten afirmar que el recorte haya sido diseñado para condonar una deuda de esas distribuidoras, por lo que presenta esa posibilidad como una hipótesis a confirmar o descartar mediante información oficial.

Una propuesta de protección estacional

Como alternativa, la presentación incorpora un esquema denominado “6 meses + 6 meses”, que propone seis meses de protección durante el período de mayor necesidad térmica, definido mediante parámetros climáticos objetivos, y otros seis destinados a evaluar el funcionamiento del sistema.

Ese análisis contemplaría temperaturas, heladas, consumo residencial, situación socioeconómica, recursos recaudados, costo del régimen y cantidad de beneficiarios. La intención es vincular la asistencia con las condiciones climáticas y energéticas registradas, con criterios de proporcionalidad, temporalidad y control.

El documento también menciona que durante el tratamiento legislativo se estimó que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio. No obstante, distingue la salida de Zona Fría de la pérdida de cualquier asistencia energética, ya que algunos hogares podrían acceder a otros subsidios si cumplen los requisitos correspondientes.