Más de la mitad de las personas detenidas en los dos complejos penitenciarios federales más grandes del país no tiene condena firme. Así lo reveló el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación correspondiente a enero-junio de 2026, que analizó las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
El documento relevó la evolución de la población, su situación procesal, las demandas recibidas, los casos de malos tratos, los fallecimientos, las medidas de fuerza y las condiciones materiales de encierro.
Marcos Paz: 1.875 presos y 57% sin condena
El CPF II de Marcos Paz aloja varones mayores de 18 años. A junio de 2026 había 1.875 personas privadas de la libertad distribuidas en cinco unidades residenciales, frente a una capacidad declarada de 2.000 plazas. Quedaban 125 lugares disponibles.
El dato más relevante es el procesal: casi el 57% de los detenidos está procesado, es decir, más de 5 de cada 10 no cuenta con condena firme.
En el semestre se registraron 1.237 reclamos, principalmente por salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y pedidos de traslado o cambio de alojamiento. Hubo tres fallecimientos, todos por enfermedad, sin hechos violentos.
También se documentaron 14 medidas de fuerza: nueve huelgas de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: 1.905 presos, 15 muertes y 27 protestas
El CPF I de Ezeiza aloja varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 detenidos en siete unidades residenciales, con una capacidad de 1.947 plazas. Solo 42 lugares libres.
Al igual que en Marcos Paz, la situación procesal es crítica: casi el 53% de los presos está procesado y sin condena firme.
De enero a junio se relevaron 1.472 demandas, con los mismos motivos principales: salud, condiciones materiales, acceso a la justicia y traslados.
El complejo registró 15 fallecimientos en seis meses: 10 por enfermedad y 5 muertes violentas, cuatro por ahorcamiento y una por incendio.
Las medidas de fuerza fueron 27, en su mayoría por pedidos de traslado, acceso a la salud y condiciones de detención. Se contabilizaron 21 huelgas de hambre, dos autolesiones, dos rechazos de alimentos, una ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.