Malvinas: Argentina inicia un arbitraje contra Reino Unido

El Gobierno nacional anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, y fijó un plazo de dos semanas para que Londres impida el comienzo o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas por Argentina. La decisión incorpora una nueva instancia jurídica a la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur, después de una serie de medidas dirigidas contra empresas y operadores vinculados con su explotación.

Javier Milei comunicó que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para poner en marcha el procedimiento. El anuncio contempla, además, una segunda instancia: si el Reino Unido no atiende la intimación, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar las actividades mientras se desarrolla el reclamo.

“Defendiendo con hechos”, escribió el Presidente en su cuenta de X, donde calificó el proyecto como un “saqueo ilegal de nuestros recursos”. En la misma publicación, advirtió: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

El paso anunciado desplaza el foco de las acciones argentinas hacia el Estado británico. Durante septiembre, la presión oficial había incluido sanciones, denuncias y herramientas legales contra compañías y personas relacionadas con la explotación de recursos en las islas; ahora, el Ejecutivo plantea un procedimiento internacional contra Londres y establece un plazo para reclamar una intervención adicional.

Sea Lion, el proyecto que concentra la tensión

El desarrollo petrolero Sea Lion se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países por Malvinas. Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas en esa zona requieren autorización nacional y cuestiona que avancen de manera unilateral en un territorio sujeto a una disputa de soberanía, mientras que el Reino Unido respalda el desarrollo de los recursos naturales del archipiélago.

Según informó la Casa Rosada, el procedimiento elegido es el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presentación anunciada y el eventual pedido al Tribunal del Mar son dos pasos diferenciados: el Gobierno comunicó el inicio del arbitraje y condicionó la solicitud de medidas provisionales a lo que ocurra durante las próximas dos semanas.

De ese modo, el plazo fijado por Argentina apunta a obtener una respuesta británica frente a la intimación para detener las actividades. Si esa respuesta no se produce, o no satisface el reclamo, el Ejecutivo anticipó que buscará una medida internacional que intervenga sobre el avance del proyecto.

El reclamo de soberanía y las decisiones unilaterales

Para fundamentar su posición, el Gobierno volvió a citar las resoluciones de Naciones Unidas referidas a la cuestión Malvinas. Entre ellas, mencionó la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada.

También invocó la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras estuviera pendiente el proceso recomendado por Naciones Unidas. Sobre esa base, Argentina considera que el avance de Sea Lion supone la explotación unilateral de recursos naturales en una zona en disputa.

El comunicado incluyó, además, un rechazo a la respuesta británica al discurso de Milei ante la ONU. La Casa Rosada sostuvo que el referéndum realizado en las islas en 2013 no modifica la existencia ni el objeto de la controversia reconocida por Naciones Unidas, y mantuvo su reclamo de una solución negociada entre ambos Estados.

La discusión por el petróleo queda así vinculada con el planteo de soberanía: el Gobierno argentino cuestiona que se consoliden actividades económicas y decisiones sobre los recursos del archipiélago sin una resolución de la controversia bilateral.

Los vuelos a Punta Arenas, otro frente del conflicto

El anuncio también incorporó medidas por operaciones aéreas entre Malvinas y Punta Arenas, en el sur de Chile. El Ejecutivo apuntó contra Thales UK Limited, a la que atribuyó la realización de vuelos con una aeronave de matrícula británica sin autorización argentina, y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

Ese frente se abre en un momento de expansión de los vínculos comerciales y logísticos entre Punta Arenas y las islas. El 28 de septiembre comenzó en la ciudad chilena una ronda de negocios con empresarios y funcionarios del archipiélago, mientras que para noviembre está prevista una conexión marítima directa destinada a ampliar y reducir los costos del abastecimiento.

Ambos movimientos muestran la dimensión económica de la disputa. Mientras Argentina busca cuestionar y sancionar operaciones que considera realizadas sin su autorización, desde el sur chileno avanzan iniciativas para facilitar el intercambio comercial y el transporte hacia Malvinas.