Cuántas dependencias recibe un gobierno, cuáles modifica durante su mandato y qué efecto tienen esas decisiones sobre el presupuesto son las preguntas que busca responder un proyecto del diputado bonaerense Valentín Miranda. El legislador de la UCR propuso incorporar a la Cuenta General del Ejercicio un informe específico sobre la evolución de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo provincial.
La iniciativa plantea registrar las unidades existentes al comienzo y al cierre de cada ejercicio, junto con las que fueron creadas, suprimidas, fusionadas, absorbidas o transferidas. Ese detalle deberá estar acompañado por el impacto presupuestario de las modificaciones, discriminado por jurisdicción y entidad.
El objetivo es que la información pueda compararse año tras año y acumularse durante cada gestión, de manera que sea posible evaluar el resultado conjunto de las decisiones administrativas.
La dificultad de reconstruir los cambios
La Provincia cuenta con herramientas como el Mapa del Estado, que permite consultar las estructuras vigentes, y con los decretos mediante los cuales se modifican las dependencias. Miranda sostiene, sin embargo, que esa información dispersa no permite conocer fácilmente cómo evolucionó la organización durante un período determinado.
La distinción resulta relevante porque eliminar oficinas no necesariamente implica reducir la estructura si, al mismo tiempo, se crean otras. También puede mantenerse estable la cantidad total y cambiar la distribución entre niveles administrativos.
“La información consolidada permitirá conocer el resultado efectivo de esas decisiones”, explicó el diputado. Su propuesta apunta a mostrar ese balance, además de los cambios individuales que cada gobierno dispone.
Datos abiertos para comparar gestiones
El proyecto prevé que los registros se publiquen en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, y que se conserven en series históricas. De esa forma, la consulta no dependería de reconstruir sucesivos actos administrativos para identificar las transformaciones del Estado provincial.
Miranda aclaró que su iniciativa no parte de considerar que una estructura mayor o menor sea, por sí misma, buena o mala. El propósito es contar con elementos para dimensionar las decisiones, conocer su costo y someterlas a evaluación pública.
El planteo introduce así una exigencia adicional a la publicación de los organigramas: que la información permita comprender qué cambió, en qué áreas y con qué consecuencias presupuestarias. Esa posibilidad de comparación es la que el legislador busca incorporar al balance anual de la administración bonaerense.