Luayza presentó un proyecto para reducir las demoras en las adopciones

Bajo el lema «Crecer en familia es un derecho», el diputado bonaerense Fabián Luayza presentó un proyecto de ley destinado a mejorar los procesos de protección y adopción en la provincia de Buenos Aires. La propuesta busca contar con datos sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes, acortar demoras y fortalecer el acompañamiento durante las vinculaciones familiares.

La presentación se realizó en una jornada organizada por el legislador en la Cámara de Diputados. Participaron la diputada Viviana Romano, la especialista en familia y adopción Mariana Macía, la fundadora de Casa M.A.N.U., Silvia Casas, y Natalia Florido, referente de la Red Argentina por la Adopción y de la Fundación Juanito.

El texto fue elaborado mediante el trabajo conjunto de legisladores, profesionales del derecho y organizaciones que acompañan a chicos y chicas dentro del sistema de protección. Luayza planteó que una de las primeras dificultades es la falta de información sistematizada: «Es increíble que en 2026 nadie sepa algo tan básico como cuántos chicos hay hoy para adoptar y en qué condiciones», sostuvo.

El tiempo de los expedientes y el tiempo de las infancias

Durante la jornada, las expositoras describieron demoras judiciales, períodos prolongados de institucionalización y acompañamiento insuficiente a las familias adoptantes. Señalaron que esas dificultades pueden afectar los procesos de vinculación e incluso contribuir a que algunos no prosperen.

Silvia Casas relató la experiencia de Casa M.A.N.U., espacio de acogimiento que creó a partir de su historia familiar con Emanuel, su primer hijo adoptado. En 25 años vio pasar por la institución a unos 200 chicos. Actualmente alberga a 27, de los cuales diez son menores de un año. Desde esa experiencia cuestionó las demoras en las decisiones estatales y recordó que, mientras los adultos tramitan expedientes, los niños continúan creciendo.

Casas afirmó que, en algunas situaciones, un niño llega a una institución y el seguimiento estatal se produce 60 o 90 días después. «Los adultos que tienen el poder de decidir sobre las vidas de los chicos se toman todo el tiempo del mundo mientras ellos están creciendo en una institución», expresó.

Datos y acompañamiento para adopciones complejas

Natalia Florido, quien además es hija por adopción, pidió escuchar las experiencias en primera persona y cumplir los plazos que ya establece la legislación. «Ellos no eligieron estar ahí. Y encima que no lo eligieron, les hacemos esperar un tiempo que es muchísimo», señaló en referencia a los chicos institucionalizados.

Mariana Macía planteó la necesidad de construir estadísticas y acompañar especialmente las adopciones de niños de mayor edad, chicos con discapacidad y grupos numerosos de hermanos. Advirtió que una ley no resolverá por sí sola todos los problemas, aunque consideró que puede ser el punto de partida para organizar la información y mejorar la intervención de quienes aplican las normas.

Romano, por su parte, pidió mayor sensibilidad y compromiso con las infancias. El proyecto presentado por Luayza comenzará ahora su recorrido legislativo con una premisa compartida por quienes participaron de la jornada: los procedimientos de adopción deben responder a los derechos y los tiempos de los chicos, además de atender las necesidades de las personas adultas.