El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto para impedir que el Estatuto del Periodista Profesional desaparezca a partir del 1° de enero de 2027. La fecha no es una advertencia hipotética: está establecida en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que también dispuso para ese día la derogación de los regímenes especiales de empleados administrativos de empresas periodísticas y del personal de redacción de agencias noticiosas.
La iniciativa busca derogar los artículos 197, 212 y 213 de esa ley y dejar expresamente vigentes los tres estatutos. Si el Congreso la aprueba, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Por ahora se trata de un proyecto presentado, no de una restitución ya sancionada.
Qué derechos están en discusión
En los fundamentos, Galmarini advierte que la eliminación de los estatutos trasladaría a las y los trabajadores alcanzados al régimen laboral general sin reemplazar protecciones específicas de la actividad. Entre ellas menciona la jornada de 36 horas semanales, el régimen particular de horas extras, las indemnizaciones agravadas y la cláusula de conciencia, vinculada con la posibilidad de resistir exigencias contrarias a los principios profesionales.
El diputado sostiene que esas condiciones tienen un alcance que va más allá de una discusión salarial. En su planteo, la estabilidad de quien investiga, pregunta o publica también incide en su capacidad para trabajar sin presiones de empleadores, fuentes o dirigentes políticos. «Restituir los estatutos del periodismo no es conservadurismo: es proteger el piso de derechos de quienes tienen a su cargo la tarea de informar a la sociedad», afirmó.
Una mesa para discutir el periodismo que ya existe
El proyecto reconoce, al mismo tiempo, que normas nacidas en la década de 1940 necesitan una actualización. Propone crear en la Cámara de Diputados una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico, con representantes de sindicatos de prensa, empleadores de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, plataformas, universidades, organismos profesionales y legisladores.
La propuesta le asigna a esa mesa la tarea de elaborar un anteproyecto unificado que contemple teletrabajo, plataformas digitales e inteligencia artificial, con perspectiva de género. Tendría 180 días desde su constitución para elevar el texto a Diputados, aunque ese plazo podría prorrogarse una sola vez por otros 180 días mediante una resolución fundada. Su organización quedaría a cargo de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
Ese detalle define el sentido político de la iniciativa: Galmarini propone conservar las protecciones mientras se discute cómo adecuarlas a redacciones, formatos y formas de trabajo que cambiaron profundamente. La decisión inmediata, sin embargo, está en manos del Congreso: si no modifica la ley vigente antes de 2027, las derogaciones previstas seguirán su curso.