Martilleros bonaerenses impulsan un régimen de alquiler social con beneficios para inquilinos y propietarios

El debate por el acceso a la vivienda sumó una nueva propuesta en la provincia de Buenos Aires. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó al diputado provincial Rubén Eslaiman, de Fuerza Patria, un proyecto destinado a crear un Régimen de Alquiler Social.

La iniciativa establece inicialmente como alquiler social a aquellos contratos cuyo valor mensual no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 de 48 horas de un trabajador estatal bonaerense, parámetro que actualmente ubicaría el límite alrededor de los $388 mil mensuales. El esquema contempla, además, la posibilidad de establecer valores diferentes según cada región.

Menos gastos para entrar a una vivienda

La propuesta contempla que quienes accedan al régimen no paguen honorarios de martilleros, corredores u otros profesionales por la confección del contrato. Esos costos quedarían a cargo de los propietarios.

También establece que los informes del Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para el locatario y propone revisar los límites establecidos para acceder a la exención del Impuesto de Sellos.

Las empresas de servicios, además, no podrían cobrar determinados cargos vinculados a conexión, reconexión, depósitos o cambios de titularidad cuando se trate de viviendas incorporadas al sistema.

Beneficios para sumar propiedades

El proyecto busca evitar que el esquema dependa únicamente de obligaciones para los propietarios. Para intentar ampliar la oferta disponible, plantea exenciones impositivas para los inmuebles incorporados al alquiler social e invita a los municipios a adherir mediante reducciones o eliminación de tasas y derechos.

El planteo parte de una problemática estructural: según los datos incluidos en los fundamentos de la iniciativa, la proporción de hogares que alquilan pasó del 13% en 2007 al 18,4%, mientras que en grandes centros urbanos el peso del alquiler sobre los ingresos familiares se volvió cada vez mayor.

El Colegio de Martilleros sostiene que la respuesta al problema habitacional corresponde centralmente al Estado, pero plantea que un esquema que combine intervención pública, incentivos a propietarios y reducción de costos para los inquilinos podría facilitar el acceso al mercado formal de sectores de menores ingresos.

La iniciativa quedó ahora en manos de Eslaiman y abre una nueva discusión dentro de la Legislatura bonaerense sobre cómo intervenir sobre un mercado que, después de los cambios regulatorios de los últimos años, sigue dejando a miles de familias frente a una ecuación cada vez más difícil.