Renuncia clave en plena pelea por discapacidad

Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad en un momento de fuerte tensión política y social por las modificaciones que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027, que alcanzan las pensiones, el financiamiento y el esquema de prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La dimisión fue comunicada mediante una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que Vilches sostuvo que su decisión obedece a “razones estrictamente personales” y anunció que abandonaba sus funciones de manera inmediata.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de secretario nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, expresó el funcionario, quien también agradeció a las autoridades nacionales por haberlo designado.

Vilches había asumido el 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026, y permaneció apenas ocho meses al frente de un área atravesada por los reclamos de prestadores, instituciones, transportistas, trabajadores, familias y personas con discapacidad.

Aunque en su presentación no vinculó la salida con el conflicto generado por el Presupuesto, la renuncia quedó inevitablemente rodeada por la controversia abierta alrededor de una política que pone nuevamente al sector frente a la incertidumbre.

Cambios que encendieron las alarmas

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente, entre ellos las condiciones para acceder y mantener las pensiones por discapacidad, su compatibilidad con determinados empleos registrados, el esquema de prestaciones básicas y los mecanismos de actualización y financiamiento.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas, la herramienta que establece los valores de referencia para servicios esenciales como transporte, rehabilitación, acompañamiento, atención terapéutica y funcionamiento de instituciones.

Los cambios fueron cuestionados por organizaciones del sector, bloques opositores y legisladores aliados que advirtieron sobre el impacto que podrían tener en un sistema que ya arrastra retrasos en los pagos, aranceles insuficientes y dificultades para sostener la atención.

La discusión ocurre, además, mientras el Congreso analiza una prórroga de la emergencia en discapacidad, en medio de reclamos que vienen multiplicándose en distintos puntos del país.

Una interna que llegó al oficialismo

La controversia también abrió diferencias dentro de La Libertad Avanza. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía las modificaciones y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política del Gobierno.

“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, afirmó Bullrich.

La senadora advirtió, además, que decisiones de esta naturaleza “resienten” la relación con los bloques aliados, cuyos votos serán necesarios para que el oficialismo consiga aprobar el Presupuesto.

Los gobernadores Martín Llaryora y Gustavo Sáenz también rechazaron los recortes y reclamaron que las cuentas públicas no se equilibren sobre los derechos y las prestaciones que necesita uno de los sectores más vulnerados.

Una salida en el momento más sensible

La renuncia de Vilches se conoció pocos días después de su participación en una reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas sobre la situación del sector y las medidas impulsadas desde el Ejecutivo.

El exfuncionario no atribuyó su decisión al contenido del Presupuesto ni a las diferencias políticas que provocó. Sin embargo, el momento elegido para abandonar el cargo profundizó las dudas sobre el rumbo de una política nacional sometida a constantes modificaciones.

Mientras el Gobierno discute números y busca los votos necesarios en el Congreso, las personas con discapacidad, sus familias y quienes garantizan diariamente las prestaciones vuelven a quedar en el centro de una disputa que no es solamente presupuestaria: lo que está en discusión es la continuidad efectiva de derechos reconocidos por las leyes.