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Arroyo Lobería en la mira: la oposición exige informes por el deterioro de la UTF concesionada
21/09/2026 10:06 | Un pedido de informes de Unión por la Patria apunta a la concesión otorgada a RIVAN S.A. por el mal estado de las instalaciones. Advierten reincidencia en incumplimientos y falta de controles municipales.
El estado de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Arroyo Lobería llegó al Concejo Deliberante con un pedido de informes presentado por el bloque de Unión por la Patria para conocer las condiciones actuales del predio y las acciones del Ejecutivo frente a los incumplimientos de la concesionaria.
La iniciativa fue impulsada por el concejal Diego García y apunta a la concesión otorgada a RIVAN S.A. El edil se basa en las condiciones observadas recientemente y en los antecedentes de sanciones administrativas aplicadas a la empresa en 2020, 2022 y enero de 2025 por falta de mantenimiento.
Multas previas y nuevas irregularidades
En la última penalidad, en enero de este año, se habían constatado techos deteriorados, aberturas rotas, vidrios faltantes y aleros sin reparar, lo que derivó en una multa equivalente al 15% del canon vigente, según precisó García.
El 28 de agosto de 2026, una nueva revisión habría detectado nuevamente aleros dañados, revestimientos faltantes, paredes con grietas y presencia de verdín, ventanas rotas, puertas sostenidas de manera precaria y cubiertas deterioradas. También se habría observado una piscina con agua estancada, sectores sin atención y acumulación de residuos.
El pedido al Ejecutivo
"Quien tiene una concesión municipal debe cumplir obligaciones muy concretas, pero el Estado también tiene la responsabilidad de verificar que esas condiciones se respeten", señaló el concejal opositor.
"Estamos solicitando información precisa. Queremos saber qué inspecciones realizó el Ejecutivo, qué encontraron los organismos intervinientes y qué medidas se adoptaron frente a las irregularidades advertidas", agregó.
En concreto, el proyecto solicita al Ejecutivo que informe las condiciones contractuales y administrativas de la UTF y detalle las tareas de fiscalización realizadas desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, con fechas de inspección, organismos participantes, motivos, sectores revisados y resultados.
Además, pide conocer si existen actas de constatación o de infracción contractual, acceder a sus copias y detallar las medidas adoptadas ante cada incumplimiento.
"Queremos saber qué controles se hicieron, qué irregularidades se detectaron y cuál fue la respuesta oficial. Una concesión sobre un espacio público genera obligaciones para quien la explota y también compromete al Estado en su tarea de fiscalización", concluyó García.
