Presupuesto 2027: Milei avanza para eliminar el nomenclador único de discapacidad y sigue sin cumplir la Ley de Emergencia

Mientras el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad, el gobierno de Javier Milei continúa sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a los fallos judiciales que ordenan su aplicación.

Este viernes, el Ejecutivo se limitó a autorizar un aumento del 1,7% en los valores de las prestaciones incluidas en el nomenclador para septiembre, en línea con la inflación. Así quedó establecido en la Resolución 3487/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.

Se trata de la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia, aunque el Gobierno sigue sin recomponer los más de 40 puntos porcentuales perdidos durante los dos primeros años de gestión libertaria, cuando los valores permanecieron prácticamente congelados. La medida mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para los beneficiarios de la Patagonia.

El cambio que propone el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyeron en el proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del nomenclador con valores universales. El artículo 39 del texto modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que creó en 1997 el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad y que establece que los aranceles deben ser iguales para todas las obras sociales y prepagas obligadas.

Según la nueva redacción, el sistema deberá garantizar la "universalidad de la atención", pero aclara que esa universalidad "no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común".

Cada obra social fijará su propio arancel

En los hechos, el texto establece que "el nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores". Es decir, cada obra social y prepaga podrá definir cuánto paga por cada prestación.

El proyecto detalla además que cuando el obligado sea el Estado Nacional, los valores serán fijados de forma trimestral por la Agencia Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema. Si no se fijan en tiempo y forma, los determinará el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Desde el sector advierten que la medida rompe el principio de igualdad de prestaciones en todo el país y deja librado a cada jurisdicción y a cada financiador el valor que se pagará a los prestadores de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).