Un nuevo asalto a mano armada volvió a colocar a la inseguridad en el centro de la escena en Esteban Echeverría y profundizó los cuestionamientos hacia la administración del intendente Fernando Gray, señalada por vecinos y comerciantes ante la reiteración de robos en diferentes localidades del distrito.
El episodio ocurrió cerca de las 21 del martes en El Jagüel, cuando una familia que regresaba de Canning detuvo su Ford Ka blanco frente a un kiosco ubicado sobre la calle Nicaragua. Mientras una de las mujeres ingresaba al comercio, dos delincuentes rodearon el vehículo y encañonaron a sus ocupantes.
Uno de los atacantes obligó al conductor a descender y le robó sus pertenencias. Su cómplice hizo bajar a un joven que viajaba en el asiento trasero y lo forzó a arrojarse sobre la vereda.
La violencia continuó dentro del kiosco
La secuencia no terminó allí. Uno de los delincuentes amenazó a un testigo que se encontraba en las inmediaciones y lo obligó a ingresar al local. Después apuntó contra los trabajadores, los llevó detrás del mostrador y les ordenó que se tiraran al piso.
Tras apoderarse del dinero de la caja, los asaltantes huyeron en el automóvil de la familia. Antes de escapar efectuaron un disparo al aire para intimidar a las víctimas. El vehículo todavía no había sido recuperado y los responsables permanecían prófugos.
Los anuncios no alcanzan para frenar los robos
El violento ataque se suma a otros hechos conocidos durante las últimas semanas en Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril. La repetición de episodios armados sostiene el reclamo de vecinos y comerciantes, que exigen mayor presencia preventiva y respuestas concretas de la gestión municipal.
El gobierno de Gray informó reuniones con autoridades de Gendarmería, operativos de seguridad, detenciones y procedimientos realizados a partir de las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo. Sin embargo, esas acciones no lograron disipar la preocupación de una comunidad que continúa atravesada por robos violentos.
La distancia entre los anuncios oficiales y lo que sucede en las calles vuelve a dejar al Municipio bajo la lupa. Mientras la administración exhibe dispositivos y estadísticas, las víctimas se multiplican y el intendente queda interpelado por una demanda que ya no admite solamente comunicados: los vecinos reclaman poder salir, trabajar y regresar a sus casas sin quedar a merced de delincuentes armados