La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires tendrá una instancia decisiva en la audiencia convocada para el 16 de septiembre, donde será examinada la medida cautelar que suspendió durante 60 días la entrada en vigencia de la normativa.
La resolución fue dictada por la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín Marta Pascual, quien planteó objeciones sobre las condiciones de implementación del sistema, que reduce a 14 años la edad de imputabilidad.
La audiencia se desarrolla en medio de una fuerte confrontación política y judicial. Desde el Gobierno nacional rechazaron la suspensión y reclamaron que la ley pueda aplicarse, mientras sectores de La Libertad Avanza bonaerense anticiparon acciones contra la magistrada.
Recursos, competencias y garantías bajo discusión
El punto central no se limita a la edad de imputabilidad. También se encuentra bajo análisis si la Provincia cuenta con la infraestructura, el personal especializado y los dispositivos de alojamiento y acompañamiento necesarios para aplicar el nuevo régimen sin vulnerar derechos.
La discusión involucra, además, el reparto de responsabilidades entre Nación y Provincia. Mientras la ley fue sancionada por el Congreso nacional, su aplicación concreta depende en gran medida del sistema judicial y de los organismos bonaerenses encargados de intervenir con adolescentes en conflicto con la ley penal.
La resolución que surja de esta instancia tendrá impacto inmediato en la Provincia y podría marcar el rumbo de otras presentaciones judiciales. Hasta que exista una nueva decisión, la aplicación de la normativa continuará suspendida en territorio bonaerense.