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Impulsan capacitación obligatoria en prevención del suicidio para todos los trabajadores del Estado nacional
09:31 | La iniciativa de la diputada Marina Salzmann busca reformar la Ley 27.130 e imponer formación en salud mental para los tres poderes del Estado. La fundamentación alerta sobre más de 3.600 muertes por año en el país.
La diputada nacional Marina Salzmann (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria, continua y permanente en prevención del suicidio para todo el personal que se desempeña en la función pública nacional.
La iniciativa busca modificar la Ley 27.130 para dotar de herramientas de intervención temprana a los agentes estatales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles, jerarquías y modalidades de contratación.
Una ley sin reglamentación efectiva
Según la fundamentación, la redacción original del artículo 15 de la ley sancionada en 2015 resulta insuficiente, ya que no precisa contenidos mínimos, plazos de acreditación ni mecanismos de seguimiento.
Para corregir esa falencia, el proyecto toma como modelo leyes de capacitación estructural como la Ley Micaela (27.499) y la Ley Lucio (27.709), y propone crear un piso legal obligatorio que le dé operatividad y exigibilidad a la formación en salud mental, respetando la autonomía de cada poder.
Los puntos clave de la propuesta
El texto establece varios ejes centrales:
- Obligatoriedad y periodicidad: la capacitación deberá acreditarse dentro de los primeros 6 meses desde el inicio de la relación funcional, con actualizaciones obligatorias cada dos años.
- Contenidos mínimos: detección temprana de señales de alerta, Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), reducción de estigmas, rutas de derivación, promoción del "efecto Papageno" y cuidado de los equipos de trabajo.
- Implementación: el Ministerio de Salud de la Nación diseñará los contenidos base y creará una plataforma virtual autogestionada y gratuita. El Poder Legislativo y el Judicial podrán dictar programas propios homologados.
- Régimen de cumplimiento: ante incumplimientos injustificados habrá una intimación formal de 60 días. La negativa reiterada constituirá falta administrativa. Además, se publicará un Informe Anual de Cumplimiento de acceso público.
- Financiamiento: el costo se imputará a partidas presupuestarias del Ministerio de Salud. Se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus normativas.
Más de 3.600 muertes por año
La urgencia del proyecto se sustenta en datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). De acuerdo a esas cifras, en Argentina se registran más de 3.600 muertes por suicidio al año, un promedio de 10 decesos diarios que supera a las víctimas por homicidios dolosos.
El texto también advierte que el suicidio es la principal causa de muerte por causas externas en jóvenes de 15 a 24 años, con una asimetría marcada: 4 de cada 5 víctimas son varones.
