Denuncian a una concejala de LLA por una deuda millonaria de alquiler

La concejala de La Libertad Avanza María Ratti Repetto quedó involucrada en un conflicto judicial con el propietario de la vivienda que ocupa junto con su familia en el barrio Mapuche Country Club en Pilar, quien la acusa de permanecer en el inmueble después de la finalización del contrato y acumular una deuda millonaria.

La denuncia fue realizada por Héctor De Vera, dueño de la propiedad, quien difundió una carta dirigida a los socios del country para exponer la situación. Según su versión, el inmueble debía ser restituido el 31 de agosto, pero la familia continúa residiendo en la vivienda.

El propietario sostiene que la deuda supera los $13 millones y US$3.900. El reclamo incluye más de $10 millones correspondientes a expensas, alrededor de $3 millones por servicios de electricidad y gas y el monto adeudado en concepto de alquiler.

Una deuda que habría comenzado en 2025

De acuerdo con el relato de De Vera, los incumplimientos comenzaron durante el año pasado y se agravaron con el transcurso de los meses. Además, afirmó que existen planes de pago de los servicios que no habrían sido cumplidos y que las obligaciones continúan registradas a su nombre.

El propietario busca ahora cobrar los montos reclamados y recuperar la vivienda. La disputa ya llegó a la Justicia, que deberá determinar la existencia y composición de la deuda, además de resolver la restitución del inmueble.

Hasta la publicación de la información no se conoció una respuesta pública de Ratti Repetto sobre las acusaciones formuladas en su contra. Por ese motivo, los montos y circunstancias difundidos corresponden a la versión del denunciante y deberán ser acreditados en el expediente.

Impacto político para LLA

El caso adquirió repercusión por la condición de concejala libertaria de la denunciada y se suma a una serie de conflictos internos y controversias que atraviesan a La Libertad Avanza en distintos municipios bonaerenses.

Más allá de su derivación política, el centro del litigio permanece en el ámbito judicial, donde deberán evaluarse el contrato, los comprobantes de pago, las obligaciones pendientes y la situación actual de la propiedad.