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La Justicia frenó cambios en AySA antes de su privatización
14:58 | La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata mantuvo una cautelar que impide reducir las obligaciones de la empresa en agua potable, salud y ambiente. El expediente fue remitido al fuero federal.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que prohíbe a Agua y Saneamientos Argentinos reducir o limitar sus obligaciones vigentes en materia de agua potable, salud pública y protección ambiental.
La resolución representa un freno momentáneo a uno de los aspectos centrales del proceso de privatización de AySA, empresa encargada de prestar los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La causa fue iniciada por el defensor del Pueblo bonaerense y ahora continuará en la Justicia federal.
Los estándares del servicio, bajo resguardo
La cautelar impide aplicar las modificaciones incluidas en el contrato de concesión aprobado en mayo de 2026, que habilitaba estándares de calidad inferiores para un eventual operador privado.
El fallo no bloquea de manera definitiva la venta de la compañía, pero obliga a mantener las responsabilidades existentes mientras se resuelve la cuestión de fondo. La decisión fue firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez.
El tribunal intervino ante la apelación de una resolución adoptada previamente por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de La Plata, que tenía el expediente desde junio. Al considerar que la discusión involucra a una empresa nacional y a decisiones del Poder Ejecutivo central, la Cámara dispuso remitir la causa al fuero federal.
El Gobierno busca vender el 90%
La resolución se conoció mientras el Gobierno nacional avanza con el cronograma para transferir el 90% de las acciones de AySA. El plazo para presentar propuestas fue prorrogado hasta el 15 de septiembre, fecha prevista para la apertura del proceso y la identificación de los interesados.
La Casa Rosada estima recaudar alrededor de 450 millones de dólares con la operación. Sin embargo, la intervención judicial introduce una condición sustancial: cualquiera sea el resultado de la privatización, el eventual adjudicatario no podrá disminuir los estándares de prestación mientras permanezca vigente la cautelar.
